La Procuraduría General de la Nación, con el propósito de contribuir al diseño de políticas públicas relacionadas con la problemática ambiental de la Orinoquia y cumplir con la misión de seguimiento y control asignada constitucionalmente, presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Casanare, Dirección Nacional de Licencias Ambientales, Corporación Autónoma Regional (Corporinoquia) y a alcaldes municipales de la región diferentes reflexiones y consideraciones a propósito de la crisis de agua presentada en Casanare.

Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su condición de ente rector de las políticas y regulaciones ambientales, la Procuraduría le solicitó considerar la posibilidad de promover un marco de gestión en materia de sabanas inundables; liderar una evaluación ambiental estratégica sobre conservación y restauración de los ecosistemas de la Orinoquía colombiana; y, que ésta cartera ministerial considere la posibilidad de convocar al Consejo Nacional Ambiental para adoptar políticas y medidas que permitan solucionar la problemática actual del departamento de Casanare y prevenir la ocurrencia de otras similares en el país.

Para el caso de la Gobernación de Casanare y la autoridad regional ambiental, el Ministerio Público recomendó que se considere la posibilidad de crear reservorios de agua alimentados de las fuentes hídricas existentes o de aguas lluvias, para garantizar que en épocas de sequía el desabastecimiento de agua no llegue a niveles intolerables.

Por su parte, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a Corporinoquia, el ente de control les pidió fortalecer el proceso de evaluación ambiental y tener como máximo referente la base técnica y científica, hacer eficaces los sistemas de seguimiento ambiental, vigilar el cumplimiento de licencias y permisos de uso y aprovechamiento, además de adelantar los procesos sancionatorios correspondientes.

Señala la Procuraduría que es necesario que en los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs), el componente ambiental sea un elemento transversal en su estructuración y que su adopción e implementación se adelante de forma coordinada con la autoridad ambiental competente, de tal manera que, no se generen problemas o incompatibilidades con los usos del suelo, además de incluir la gestión del riesgo de desastres, debido a que éste es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Finalmente, señala la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios que no puede concluirse que ésta crisis es cuestión novedosa o reciente, dado que se ha comprobado que es de vieja data y que la gravedad que hoy se evidencia, es el resultado de las fallas en los sistemas institucionales de control, prevención y planeación, tanto de orden nacional como local.