Con ocasión del hallazgo de cinco cadáveres de niños en el resguardo indígena de Caño Mochuelo, en Hato Corozal, Casanare, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, requirió al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al gobernador del departamento y al alcalde del municipio del Hato Corozal, con el fin de que informen sobre los programas de protección y apoyo que se han ejecutado en defensa de los derechos de la población indígena, con énfasis en la primera infancia y su fortalecimiento.

Se ha conocido que las muertes de los niños indígenas se pudieron producir por desnutrición. El Ministerio Público enfatiza que debe impedirse que este tipo de hechos se siga presentando en el país, y recuerda que los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social, gozan de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, según lo establecido en el artículo 13 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

Este Organismo de Control ejercerá especial vigilancia frente a esta situación, desplegando todas las acciones que sean necesarias para garantizar sus derechos a los infantes indígenas, respetando su autonomía e identidad cultural, tal como lo ordena la Constitución Política, señala el boletín de prensa de la Procuraduría.