Por: Oscar Vanegas Angarita*

El pasado lunes 23 de diciembre tuve la oportunidad de dialogar en la sala vip de Avianca -puente aéreo de Bogotá-, con el Ministro de Minas y Energía, Amylkar David Acosta Medina, a quien le pregunté sobre los proyectos que el ministerio a su cargo programa adelantar el próximo año. El siguiente es un resumen de la entrevista:

¿Cómo piensa el gobierno nacional acabar con los conflictos entre las comunidades y las empresas petroleras? Le recuerdo que este año las protestas directas y pacíficas superaron 440; hubo más de 160 atentados terroristas contra la infraestructura petrolera; más de 20 acciones populares y una consulta popular.

El gobierno de Santos llevará al Congreso de la República una ponencia de Ley Orgánica con la que se pretende darle un viraje de 180 grados a la política petrolera que nos dejaron los gobiernos de Uribe y Pastrana.

¿En qué consisten dichos cambios?

En primer lugar se buscará volver a la tarifa fija del 20 por ciento en la liquidación de regalías, y el pago de un bono para investigación en ciencia y tecnología, inversión social y protección ambiental. A la empresa que ofrezca el mayor bono se le asignará el bloque petrolero, y solo se le dará comercialidad al descubrimiento, sí el bono se ha hecho efectivo. Como las regalías se reciben de la producción, el 50 por ciento de éstas será para las comunidades y el medio ambiente. La Ley definirá los destinos y usos de ese 50 por ciento que irá a las comunidades; pero, en la ponencia, el gobierno buscará que se priorice el apoyo a la agroindustria.

Perdón que lo interrumpa, ¿cómo será ese apoyo a la agroindustria?

Apoyo profesional con insumos y asesorías. Por ejemplo, quien está dedicado a la ganadería recibirá apoyo de profesionales en zootecnia, capacitación para mejorar la productividad lechera y en carnes, semillas de mejores pastos, estudio de suelos, asesoría en comercialización, búsqueda de mercados nacionales e internacionales, apoyo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para el comercio internacional, etc. Lo mismo se hará con quien esté dedicado a la agricultura, al comercio, al turismo, a la hotelería, a las artesanías o a cualquier otra actividad.

¿Quién manejará los recursos para el medio ambiente?

Serán manejados por el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. De esta forma se fortalecerán dos entes que están huérfanos de presupuesto. Los proyectos ambientales serán seleccionados de un banco de proyectos presentados por las comunidades, quienes serán las interventoras directas.

¿Cuáles son los proyectos ambientalistas prioritarios?

No es un tema de mi cartera, pero la Ministra Luz Helena Sarmiento comentó en el último Consejo de Ministros que, en el tema ambiental, colocará en cintura a las empresas productoras de petróleo, expidiendo un Decreto sobre las buenas prácticas de la industria petrolera; donde se exigirá la reinyección de las aguas residuales al yacimiento, prohibiéndose su vertimiento a los cuerpos de agua superficial. Igualmente, se prohibirá el uso de explosivos en la exploración sísmica, sobre todo en zonas de ladera y en humedales. Tampoco habrá exploración petrolera en páramos, entre otras prohibiciones. Las comunidades serán consultadas previamente antes de cualquier exploración o asignación del área o contrato.

¿Cuál será el destino del otro 50 por ciento de las regalías?

Ese destino ya está definido por la legislación vigente. Seguirán centralizadas y manejadas por el gobierno nacional, alimentando los fondos de Ahorro Pensional Territorial, Compensación Regional, Desarrollo Regional, Ciencia Tecnología e Innovación, y Ahorro y Estabilización Petrolera. Los municipios y departamentos productores mantendrán su participación en ese 50 por ciento, a través de las regalías directas; las cuales se destinarán para mejorar la educación, tener un mejor servicio de salud, aumentar la cobertura en electrificación y gasificación, entre otros destinos y usos que ya vienen definidos desde la Ley 141 de 1994.

¿Qué otros cambios importantes habrá?

Se acabará con el Sistema Concesionario para la exploración y producción de hidrocarburos. Volveremos al Sistema de Asociación que tuvo Ecopetrol desde 1974 hasta el 31 de diciembre de 2003. El Congreso definirá la participación del Estado en la producción, pero en la ponencia el gobierno propondrá que Ecopetrol sea socio obligado del contrato en un mínimo del 50 por ciento, asumiendo proporcionalmente la inversión y el riesgo exploratorio desde la etapa inicial. Si se descubre hidrocarburos, el Estado recibirá adicionalmente, aparte de la participación de Ecopetrol, como mínimo el 30 por ciento de la producción después de liquidadas las regalías. Las regalías y la participación estatal también las recibirá Ecopetrol, pero las manejará en cuentas separadas a la producción directa y su participación como socio. Ecopetrol girará al Ministerio de Hacienda la participación del Estado y, las regalías, a las entidades territoriales y al Fondo Nacional de Regalías. Obvio que descontará los costos de producción, transporte, almacenamiento y comercialización, al igual que el servicio por el manejo de dichos hidrocarburos.

¿La participación la recibirá el Estado o Ecopetrol?

El Estado, pues Ecopetrol volverá a ser 100 por ciento estatal. Sin embargo, mantendrá su autonomía administrativa e independencia presupuestal definida en la Ley 1118 de 2006, con directrices y presupuesto de inversión aprobado por la asamblea nacional de accionistas y su junta directiva. Se hará unidad de empresa; o sea que acabaremos con el grupo empresarial. Esto es, Hocol, Reficar, Equión, y las demás empresas se fusionarán a una sólida empresa petrolera internacional. En otras palabras se acabará con “la estrategia del caracol”, y en lugar de seguir debilitando la empresa, la fortaleceremos tal como se vienen fortaleciendo las empresas multinacionales a través de fusiones o integraciones.

Parece un chiste, pero ¿cómo es eso de asamblea nacional de accionistas si Ecopetrol será cien por ciento Estatal?

No es chiste, los accionistas serán las instituciones estatales: Ministerios de Hacienda, Minas y Energía, Educación, Universidades Estatales, Colciencias, Banco de la República, entre otras que definirá la Ley, al igual que sus porcentajes de participación. En la junta directiva estará representada la clase obrera con un delegado de la USO, uno de la academia, otro de la industria privada petrolera nacional, otro de las comunidades petroleras, un gobernador y un alcalde petrolero. La forma de elección la definirá la Ley.

¿Y qué pasará con la ANH?

La Agencia Nacional de Hidrocarburos se mantendrá, pero como un ente investigativo y de desarrollo tecnológico. Continuará con el calentamiento de las cuencas. El manejo del subsuelo, el mapa de tierras y la firma de los contratos volverán a ser responsabilidad de Ecopetrol. El modelo de contrato de E&P será una responsabilidad del Congreso de la República, quien a su vez le dará aval previo a las convocatorias o rondas para la asignación de los bloques. Los contratos también deberán ser avalados por el Congreso después de su firma. El Instituto Colombiano del Petróleo –ICP- se integrará con la ANH, quien tendrá como presupuesto el bono que paguen las empresas petroleras para ciencia y tecnología; recibirá también las regalías que van al Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación y una parte de la participación del Estado en la producción. Será el Congreso de la República quien defina ese porcentaje de participación y apruebe cada año su presupuesto.

¿Sobre el precio de la gasolina qué?

En la Ley Orgánica el Congreso de la República garantizará el suministro de hidrocarburos para consumo interno y su precio. O sea, tanto el precio de la materia prima como de los combustibles. La propuesta del gobierno estará orientada a tres prioridades: obligatoriedad en el suministro interno de hidrocarburos por encima de cualquier exportación. Precio de crudo y gas, para consumo interno, a costo. Y precio de combustibles a costo, con margen del 10 por ciento de ganancia por refinación. Así las cosas, los colombianos tendremos combustibles por debajo del 50 por ciento del promedio internacional. O sea, a precios de hoy, por debajo de 5000 pesos galón. De esta manera se jalonará la competitividad internacional y el desarrollo económico e industrial del país, al tener menores costos de producción en todos los sectores.
¿Y en lo laboral qué?

La Ley Orgánica de Hidrocarburos reversará las normas que este gobierno, a través de la Cancillería ha impuesto, por la cual pedimos perdón; pues no pensamos que con los permisos laborales a extranjeros las petroleras nos llenaran de Venezolanos, Chinos, Chilenos, Norteamericanos, entre otras nacionalidades. Somos conscientes del desempleo tan grande que eso ha generado, al igual que la disminución salarial en el sector de hidrocarburos. Eso es bárbaro e indigno. La Ley exigirá prioridad al empleo nacional y local. Las petroleras lo primero que deberán hacer será capacitar la mano de obra local, a través de convenios con Universidades e Instituciones Tecnológicas, antes de ingresar a la zona a hacer exploración. El Ministerio de Trabajo se encargará de reglamentar el asunto. Ah, se me olvidaba contarle que el liberalismo, dentro del gobierno de Unidad Nacional propenderá por una Ley que obligue a todos los empleados a sindicalizarse.

¿La Ley será retroactiva? Recuerde que ya el país continental está concesionado, y no queda mucho por asignar con esas condiciones maravillosas que vendrán. No olvide que de los 320 bloques que se han asignado a través de la ANH, en 170 de ellos la participación para el país en la producción es cero, y en los 150 asignados por rondas, el promedio para el país es del 9 por ciento, pero en 75 de éstos, solo ofrecieron el uno por ciento.

La Ley será retroactiva, aplicada a aquellos contratos donde no se ha descubierto hidrocarburos aún, y a aquellos donde ya se descubrió, pero el campo no se ha desarrollado. Así se hizo con la Ley 756 de 2002.

¿Y sobre las prebendas tributarias qué? Le recuerdo también que las petroleras se benefician del descuento en regalías si el crudo es pesado o si es gas. Igualmente, pueden descontar las regalías antes de impuestos al igual que el 30 por ciento de sus inversiones en activos fijos, no pagan IVA, ni pagan impuesto de remesa, entre otros alivios tributarios.

Ese es asunto del Ministro de Hacienda, y en eso no me meto. Dicen por ahí que en boca cerrada no entran moscas. Me disculpa mí querido amigo analista en política petrolera, pero lo dejo; pues como dijo mi paisano Diomedes: me deja el avión.

Señor Ministro, veo que ahora sí quienes nos gobiernan sienten la cédula en su bolsillo, y que por fin el subsuelo será del Estado, o sea de todos los colombianos y no de las multinacionales. Por último, describa con un eslogan lo que será la nueva política petrolera.


¡Pásela por inocentes!

*Ing. de Petróleos. Presidente del ORSEME.