Los gerentes de Empresas Sociales del Estado de Aguazul, Tauramena, Yopal, Capresoca y el HORO, se reunieron con la Secretaría de Salud  y los congresistas Amanda Rocío Gonzáles y Jairo Cristancho, para avanzar en la implementación de la Ley de punto Final, consistente en un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear diferencias y deudas históricas entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez, sin que esto represente una restricción al derecho a la salud de los colombianos.

El Secretario de Salud Departamental afirmó que, ya se autorizó el pago de 1.700 millones de pesos y se están auditando con Capresoca más de 2.500 millones de pesos, para de esta forma oxigenar la entidad, con el fin que siga brindando servicios de calidad a sus usuarios.

El representante Jairo Cristancho, afirmó que, “esta ley hizo posible el pago de deudas al Hospital Regional de la Orinoquía, a través de Caprecom, por 11 mil millones de pesos. Estas reuniones periódicas con los entes de salud del departamento, permiten avanzar en las gestiones para contribuir con las entidades del Estado que prestan servicios de salud, dar cumplimiento a lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Durante la reunión también se trató el tema de la atención a los migrantes venezolanos, a quienes solo se les puede prestar actualmente el servicio de urgencias, sin embargo, se hace necesario que el Gobierno Nacional emita un decreto donde se comprometa a pagar estos servicios. Sobre este tema Cristancho anunció que, se reunirán en los próximos días con la viceministra de Salud, para solicitar que los departamentos fronterizos tengan el respaldo del Estado, para no asumir deudas que no pueden cubrir.

Frente al tema de Capresoca, el congresista dijo que, el Departamento Nacional de Planeación emitió un Decreto que permite avanzar en el Plan de Salvamento con regalías y los recursos designados para ello, gracias a las gestiones conjuntas del gobernador Josué Alirio Barrera y los congresistas de Casanare, con lo que se espera mejorar la atención en salud para el departamento.

La ley de Punto Final implica la ejecución de medidas para evitar que estas deudas se vuelvan a generar con el paso del tiempo.