La mesa intersectorial de salud con énfasis en atención a migrantes, se reunió para buscar fórmulas que mejoren la calidad de vida de los migrantes y poderles presentar una oferta de servicios de salud en Casanare, evaluando temas relacionados con el plan integral de atención; el seguimiento a la prestación de servicios de las EPS y la solicitud de recursos al Gobierno Nacional para el pago de estos servicios, entre otros.
“Hoy el departamento de Casanare adeuda más de 20 mil millones de pesos a la red prestadora de servicios de salud, por atención a población migrante irregular, por eso trabajamos esta mesa con la participación de agentes importantes que nos van a permitir encontrar soluciones para mejorar la atención de la población”, indicó Constanza Vega secretaria de Salud de Casanare.
En la reunión se advirtió que el perfil epidemiológico del departamento está cambiando por los eventos que esta población presenta, por lo que es necesario hacer monitoreos de manera permanente.
Dentro de la distribución de recursos que hace el Gobierno Nacional, aún no se han definido las fuentes de financiación para la atención a migrantes, por lo que la Gobernación de Casanare, ha venido trabajando desde la oficina de Cooperación Internacional, para recolectar toda la información necesaria y así llevarla a la Gerencia de Fronteras y a los cooperantes internacionales, para conseguir dinero que aporte a la solución de esta problemática.
Participaron en este encuentro, Constanza Vega, secretaria de Salud Departamental; el profesional delegado del GIFMM (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos) Cristian Cano; la asesora para Gerencia de Fronteras Angie Mayorga; Laura Osorio de la Organización Panamericana de la Salud; Defensoría del Pueblo; directivas de las diferentes EPS entre ellas Nuria Bohórquez Gerente de Capresoca EPS; la Directora Técnica en Salud Pública Milayev González; veedores ciudadanos; el mayor Alexander Pinto director de Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Casanare y Stephanie Ordúz referente de Cooperación Internacional del departamento.
Cerca del 85% de migrantes llegan de forma ilegal al departamento, lo que evita que puedan afiliarse a una EPS.