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Procuraduría destituyó al gobernador del Vichada Álvaro Arley León por irregularidades en contrato de $1.714 millones

 ​La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de ocho años impuesta al gobernador del Vichada, Álvaro Arley León Flórez, por firmar en abril de 2020 un contrato de suministro de alimentos para población vulnerable, por 1.714 millones de pesos, con una persona que se encontraba inhabilitada por haber financiado su campaña para llegar al cargo. 


En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el gobernador vulneró el principio de igualdad, pues además de contratar de manera directa el suministro de los alimentos con alguien inhabilitado, afectó los derechos de otros ciudadanos interesados en participar en el proceso en idénticas condiciones y con las mismas oportunidades.


El órgano de control señaló que en el proceso se comprobó que el contratista, identificado como Jorge Eliécer Forero Gaitán, se encontraba inhabilitado para suscribir contratos con la administración departamental, pues su contribución superó el porcentaje máximo permitido para los aportantes a las campañas políticas, que de acuerdo con la norma vigente no debe superar el 2 % del tope de gastos permitido a los candidatos.


Para el Ministerio Público, León Flórez “desconoció, sin justificación alguna, sus deberes funcionales, en particular, acatar de manera irrestricta el régimen de inhabilidades en materia de contratación estatal, con la consecuente transgresión del principio de igualdad que debe observar todo servidor público en el desempeño de su función”.  


Agregó que las inhabilidades buscan, en el caso de quienes financian campañas electorales, evitar que los aportes dados tengan incidencia en la futura elección como contratistas, precisamente por la relación que se pueda derivar con ocasión del agradecimiento y compromiso por parte del candidato electo, todo ello para evitar que puedan llegar a ser beneficiados de contratos estatales, exenciones tributarias u otro tipo de prebendas.    


Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta del gobernador del Vichada como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.




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