Por Prensa PGN

La Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó para ejercer funciones públicas por 13 años al actual alcalde del municipio de Yopal, Willman Enrique Celemín, por retardar injustificadamente el ejercicio de sus funciones relativas a garantizar la prestación efectiva del servicio público de agua potable en el municipio de Yopal (Casanare), permitiendo que se originara un riesgo grave y un deterioro para la salud de esta población.

Para el Ministerio Público, el señor alcalde no adelantó las gestiones necesarias para contribuir a la solución de la problemática presentada en el municipio con este servicio público, y sólo adoptó medidas contundentes y diferentes a las exigidas en forma inmediata (cobertura y suministro de agua potable a través de carros tanques y habilitación de pozos profundos) después de que se presentaron graves alteraciones al orden público en marzo de 2013, es decir, luego de más de un año y tres meses después de su posesión.

Se estableció que la única contratación que hizo el implicado, incluso, después de ser multado por el Tribunal Administrativo del Casanare, fue celebrar un contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal para la construcción de una planta de potabilización modular, obra que a la fecha no ha sido terminada, no funciona en su totalidad y no entrega agua potable a los ciudadanos.

Por la dilación en el ejercicio de sus funciones, se encontró que no garantizó la prestación eficiente del servicio de agua potable y no satisfizo las necesidades de la ciudadanía y, como consecuencia de ello, puso en riesgo la salud de la población pues el solo hecho de suministrar agua no potable, sin presentar alternativas reales ha potencializado la posibilidad de que los yopaleños sufran enfermedades como las que padecieron hace aproximadamente un año cuando hubo un brote de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda).

Por otra parte, la Procuraduría encontró que el señor Willman Celemín suscribió el contrato interadministrativo 590 de 2013 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAY) para que esta ejecutara la “construcción primera etapa de una planta de potabilización modular para el sistema de acueducto del área urbana del municipio de Yopal, Departamento de Casanare”, objeto que fue subcontratado en su totalidad por la EAAAY con la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013.

En desarrollo del proceso disciplinario se demostró que la obra se ejecutó por una persona no autorizada o contratada para el efecto por Alcaldía, por lo que tal conducta infringió los principios de economía, eficacia y responsabilidad.

Se dijo que la contratación no se ajustó a los parámetros de austeridad de tiempo, medios, gastos, y sin dilaciones, pues se demostró que la obra que debía durar aproximadamente cuatro meses, sólo inició luego de un mes y dieciséis días, y a la fecha, un año y casi seis meses, aún no se ha terminado pues apenas funciona en un 63%, sólo tiene habilitados dos procesos de los cuatro que debe cumplir en el proceso de potabilización y además no entrega agua potable.

Se dijo que la contratación no ha cumplido con los cometidos de eficiencia que debería tener, pues a la fecha, luego de más de tres años de lo ocurrido en Yopal se esperaba que hubiese otro resultado en la construcción de la planta.

Finalmente, se señaló que el alcalde trasgredió el principio de responsabilidad, dado que al permitir la subcontratación de toda la obra facilitó la subcontratación de la subcontratación, toda vez que la Unión Temporal contratada por la EAAAY, tuvo que contratar con otra sociedad la ejecución de la obra, desprotegiendo así los intereses del municipio, de la población, y diluyendo la responsabilidad de los contratistas.

Con fundamento en ello, la Procuraduría encontró responsable de dos faltas gravísimas al primer mandatario, una cometida a título de culpa gravísima y otra como culpa grave.

En el marco de este proceso disciplinario el Órgano de Control sancionó al gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (para inicios del año 2013), Edwin Miranda Plazas, y le impuso sanción de suspensión en el cargo por el término de cuatro meses.

La Procuraduría lo encontró responsable de haber celebrado el contrato interadministrativo No. 590 de 2013 con la Alcaldía del municipio de Yopal, cuyo objeto fue la “construcción primera etapa de una planta de potabilización modular para el sistema de acueducto del área urbana del municipio de Yopal departamento de Casanare”, a pesar de no contar con la capacidad técnica, ni la infraestructura requerida para ejecutar tal obra, motivo por el cual subcontrató la totalidad de la ejecución con la empresa Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013 a través del contrato 0058 del 26 de abril de 2013, comportamiento con el que desconoció los principios de eficacia, responsabilidad, y economía que rigen la función administrativa.

Señaló la Delegada que no se logró la finalidad de la contratación estatal, toda vez que la obra contratada funciona en sólo un 63%, situación que mantiene a la población de Yopal con un suministro deficiente del preciado líquido, existió indebida planeación y ejecución de las medidas para mitigar la problemática que aqueja a ese ente territorial y se actuó con irresponsabilidad al asumir la construcción de una obra como la contratada sin tener la capacidad técnica ni la infraestructura para ello.

Por último, se ordenó compulsar copias para investigar la conducta de los señores Constantino Tamí Jaimes y Adriana Helena Moreno Chaves, en sus calidades de agentes interventores de la EAAAY, toda vez que frente a la ejecución del contrato interadministrativo 590 de 21 de marzo de 2013 se observó que su comportamiento pudo tener incidencia en la no solución de la problemática que vive el municipio de Yopal. De igual forma se ordenó investigar la actuación de los miembros del Concejo municipal de Yopal para el 2011.