La Sección Quinta del Consejo de Estado cuestionó la actuación de las autoridades electorales para enfrentar la trashumancia en las elecciones regionales del 2015 que llevó a la injusta cancelación del registro de cédulas de centenares de votantes en Yopal.

Según el alto tribunal los organismos electorales cancelaron el registro a varios ciudadanos que consideraban sospechosos de ser trashumantes. Quienes al verse afectados por esa decisión acudieron a la acción de tutela.

El Tribunal Administrativo del Casanare, amparó los derechos de los votantes y por eso ordenó a los organismos estatales responsables adelantar las acciones necesarias para que los demandantes lograran votar.

Aun cuando los habilitaron para votar en las mesas en las que se encontraban inscritos en Yopal, no revocaron la resolución por medio de la cual habían cancelado las cédulas inicialmente.

Ante el incumplimiento, los tutelantes iniciaron un incidente de desacato. Así, al resolver el recurso en última instancia, el Consejo de Estado encontró que los accionados dejaron de cumplir parte de las obligaciones surgidas en el fallo de tutela.

La Sección Quinta de ese tribunal decidió imponer sanción de dos salarios mínimos al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Emiliano Rivera, por desacatar parte del fallo de tutela en el cual se le ordenaba dejar sin efectos la resolución que canceló la inscripción de las cédulas a varios sufragantes de Yopal.

En jornadas electorales de años anteriores la trashumancia electoral había sido capitalizada por algunos políticos para ganar las elecciones, en parte gracias a la falta de control y vigilancia de las autoridades.

Para las elecciones regionales de octubre del 2015, el control de esas autoridades fue tan excesivo y plagado de irregularidades, que, por culpa de las decisiones insuficientemente estudiadas de cancelación inscripciones de cédulas, centenares de ciudadanos se quedaron sin votar.

Y aunque la rápida actuación de los organismos de control y los jueces de tutela permitió que entidades como la Registraduría y el CNE pudieran tomar algunos correctivos, estos no fueron suficientes para evitar que se violaran los derechos de todos los afectados, consideró el Consejo de Estado en la argumentación de la decisión.