Por no suministrar agua potable a sus residentes, el Tribunal Administrativo de Casanare sancionó a cinco urbanizadores con multa que asciende a $14 millones de pesos.

La decisión está enmarcada en una Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que se convirtió en incidente de desacato por el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas a empresarios privados, sobre la provisión de agua a los habitantes de proyectos desarrollados sin permisos ambientales, ni de planeación urbana.

El Contencioso Administrativo había impartido estrictas órdenes de atender dicho tema en diciembre de 2016 y junio de 2017.

Las imposiciones de multa por infracción grave a mandatos judiciales en proceso popular son: H&S Bienes Raíces SAS a través de Silvia Yaneth Aldana Cortes.

Inversiones Cruz Barrera a través de Omar Cruz Ángel. Fundación La Nueva Granada a través de Osmary Martina Coronado Piña. Asesorías ATS del Llano a través de Jairo Pezca Cepeda y Asociación de Vivienda J&G Bienes y Raíces la Española a través de Zoraida Jaimes Ballesteros.

El fallo con carácter de segundo incidente de desacato con sanción pecuniaria advierte que el pago deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la providencia y la renuencia podrá dar lugar a conversión de arresto.

El Tribunal además requirió al Inspector Municipal de Policía para asuntos urbanísticos para que rinda informe con censo actualizado y estado de cosas y dicto un plazo máximo de 15 días.