Un incidente de desacato abrió el Consejo de Estado contra representantes legales de H&S Bienes y Raíces SAS, Inversiones Cruz Barrera, la Fundación Nueva Granada, Jairo Pezca Cepeda Asesorías ATS del Llano y la asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces La Española, por incumplimiento a las medidas cautelares que ordenaba el suministro oportuno y suficiente de agua para uso y consumo humano y manejo de vertimiento domésticos en cada uno de sus proyectos.

Los empresarios privados habían sido advertidos de las medidas desde el año 2016 en un fallo del Tribunal Administrativo de Casanare tras una Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo y que involucraba a Corporinoquia y la Alcaldía de Yopal por el desarrollo de proyectos sin permisos ambientales, ni planeación urbana y mitigación transitoria de impacto por vertimiento.

El Tribunal Administrativo de Casanare había interpuesto sanción de multa por infracción grave a mandatos judiciales en proceso popular, además había requerido al Inspector Municipal de Policía para asuntos urbanísticos que rindiera un informe con censo actualizado y estado de las cosas.

Inversiones Cruz Barrera a través de Omar Cruz Ángel. Fundación La Nueva Granada a través de Osmary Martina Coronado Piña. Asesorías ATS del Llano a través de Jairo Pezca Cepeda y Asociación de Vivienda J&G Bienes y Raíces la Española a través de Zoraida Jaimes Ballesteros, ya habían recibido dos incidentes de desacato por parte del Contencioso Administrativo.