La Corte Constitucional revocó un fallo del Consejo de Estado que negaba el amparo a un grupo de desplazados en Yopal, que en 24 ocasiones desde el año 2016 la Alcaldía de Yopal intentó desalojar.

Se trata de 34 familias que se asentaron en un predio propiedad de la Alcaldía en la invasión denominada “La Resistencia”, y por no ofrecerles alternativas para ayudarlos en calidad de desplazados, el Alto Tribunal llamó la atención de la Alcaldía de Yopal.

“El desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado interno no puede ser tratado solo como un problema de orden público, al estar estrechamente relacionado con las condiciones mínimas de dignidad que demandan las personas afectadas para poder afrontar esa situación, requiriendo la especial intervención del Estado”, señala la sentencia.

El desalojo, según la Corte Constitucional, “no se puede hacer sin contemplar alternativas que garanticen albergues temporales y soluciones de vivienda definitiva, para los que son desplazados”.

El alto tribunal manifiesta además que no está de acuerdo con la posición del Tribunal Administrativo de Casanare y del Consejo de Estado, quienes negaron la tutela porque los ocupantes usaron las vías de hecho.

“Se debe revisar la situación en contexto, que es cierto que los desplazados tienen que presentarse a los programas de vivienda con los que los ayuda el Gobierno, pero también, que es responsabilidad de la administración informar sobre estas ayudas a estas personas vulnerables”.

La Corte aclara, sin embargo, que su posición, no significa la aprobación o refrendación de la utilización de vías de hecho.

Con la decisión de la Corte Constitucional, la Alcaldía de Yopal deberá hacer un censo en ese asentamiento, revisar la situación de cada una de las familias; y Prosperidad Social debe garantizar un albergue temporal a las familias.

Diana Puentes, defensora del Pueblo de la regional Casanare, fue quien interpuso la tutela, y aseguró que el número de familias hoy triplican las 34.
“La Policía Nacional en conjunto con la Alcaldía hizo varios intentos de desalojo de esas 34 familias, que en este momento triplican ese valor, pero sus intentos fueron infructuosos. Se buscó un acercamiento con la Alcaldía para evitar la situación de desplazamiento, pero tampoco hubo una solución a corto plazo o una justificación para poder garantizar ese derecho”, dijo.