Por el delito de falsedad ideológica, la Procuraduría General de la Nación impuso sanción de destitución e inhabilidad para ejercer la función pública por el termino de 12 años a Luz Amanda Camacho Sánchez, ex agente interventora de la Superservicios en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

La medida la originaron sus actuaciones cuando fue Gerente Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la República.

 El fallo de la Procuraduría en primera instancia señala que las irregularidades tienen que ver con la alteración a un documento, que presuntamente se publicó el 16 de abril de 2013 desde la secretaría Común de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la República, sobre el estado 039 (por el que se resolvió un recurso de reposición dentro de un  proceso de responsabilidad fiscal contra, Héctor Orlando Piragauta, el No 2008-20-09-439), y en el que se relacionó que había sido fijado desde las siete de la mañana cuando se demostró a través de  pruebas, de que a esa  hora no se había efectuado tal publicación, sino que se produjo en un horario posterior al indicado.

Según el expediente, Sandy infante Díaz, en calidad de Auxiliar de la Secretaria Común de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare efectuó la publicación cumpliendo órdenes de Camacho Sánchez, pese a que le indicó que la abogada de Héctor Orlando Piragauta, había estado temprano verificando la cartelera de la gerencia.

Por este hecho, la Procuraduría hallo mérito para emitir responsabilidad disciplinaria contra Sandy infante Díaz por falta gravísima culposa, debido a que pudo abstenerse de publicar el estado, imponiéndole una sanción de suspensión en el ejercicio de cargo por el término de un mes e inhabilidad, pero como Díaz ya no trabaja en la Planta Transitoria de Personal de la CGR, deberá pagar en salarios, el monto devengado al momento de la comisión del delito, que corresponde a ($1.146.158).

En su defensa Luz Amanda Camacho Sánchez quien ostenta hoy un cargo directivo en la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá argumentó no haber ejercido ninguna presión sobre la funcionaria.

El pasado 6 de febrero de 2017 presentó solicitud de nulidad, la cual fue denegada; presentó recurso de reposición y mediante auto ordenó no reponer la decisión impugnada.