La Secretaría de Movilidad de Yopal anunció la suspensión por dos meses del contrato para la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMUR), con el propósito de recolectar información adicional y realizar una socialización más amplia con los gremios y comunidades del municipio.

La información la confirmó, Ricardo Camargo, al señalar que la decisión se tomó tras una serie de mesas de trabajo con la veeduría ciudadana, accionantes de una acción popular y algunas agremiaciones, quienes señalaron deficiencias en la información recolectada durante la fase de diagnóstico, que solo abarca el 75 % de lo requerido. Además, se evidenció la falta de socialización con ciertos sectores.

El secretario de Movilidad explicó que durante este tiempo se trabajará para consolidar un diagnóstico completo, que servirá como base para la planeación de la movilidad en la ciudad. Asimismo, se analizará la situación de las rutas del transporte público, ya que actualmente solo se prestan nueve de las 14 aprobadas, debido a la baja rentabilidad de algunas líneas.

Respecto a las tarifas preferenciales para personas con discapacidad, la Secretaría indicó que se está evaluando la viabilidad de aplicar descuentos, junto con la adecuación de los vehículos para facilitar el acceso a esta población.

Recientemente un grupo de veedores ciudadanos de Yopal denunció irregularidades en el contrato de consultoría firmado durante la administración pasada y que vencía el próximo 27 de febrero, ya que se encuentra solo en un 70% de su fase de diagnóstico, pese a los 13 meses transcurridos. Además, la consultoría no ha cumplido con los compromisos de socialización previstos en los pliegos, como talleres y foros participativos con actores clave de la movilidad, entre ellos presidentes de juntas de acción comunal, taxistas y biciusuarios. 

Según lo descrito por los veedores, las falencias también hacen referencia a la escasa recolección de datos técnicos como encuestas ciudadanas y mediciones del tráfico vehicular, ausencia de propuestas concretas para transporte masivo y mejora del sistema urbano de rutas de buses, que actualmente solo operan siete de las 14 autorizadas. 

Adicionalmente, se critica la falta de supervisión e interventoría, ya que los equipos de trabajo del contratista han cambiado varias veces, lo que ha ralentizado el proceso.

Los veedores advirtieron que, de no corregirse estas fallas, el contrato de más de 1.600 millones de pesos terminaría siendo un "despilfarro" sin resultados significativos.