Jhon Jairo Torres, ex alcalde de Yopal y quien lidera un proyecto de vivienda, desarrollado en San Rafael de Morichal y La Guafilla en Yopal, en donde igual número de familias compraron predios, presentó un recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco de la acción popular radicada bajo el número 8500123330002025-00052-00, que involucra al proyecto habitacional conocido como “10 mil socios”.

El recurso busca dejar sin efecto las medidas cautelares decretadas por el Tribunal, que incluyen la suspensión de la expedición de planes parciales de urbanización por 12 meses en Yopal y el sellamiento de urbanizaciones consideradas ilegales, lo cual, según el apoderado de Torres, afecta directamente a cientos de familias organizadas en esquemas de coasociación para la adquisición de vivienda.

Según el documento, el proyecto “10 mil socios” no corresponde a una urbanización ilegal, sino a una figura de asociación comunitaria para la compra de tierra con fines habitacionales, actualmente en proceso de legalización. La defensa argumenta que no se realizó una individualización de los predios afectados ni se notificó a Torres de manera oportuna, lo que vulnera su derecho al debido proceso.

El abogado Juan Álvaro Álvarez Mariño, apoderado de Torres, señaló que la decisión judicial carece de motivación específica, afecta derechos adquiridos y pone en riesgo el acceso a servicios públicos, el derecho al trabajo y a la vivienda digna. También solicitó la nulidad del proceso desde el auto admisorio de la demanda por indebida notificación.

Asimismo, el recurso denuncia una campaña de estigmatización institucional contra proyectos de asociación comunitaria como “10 mil socios”, exigiendo garantías para la participación ciudadana y la regularización progresiva.

Finalmente, el apoderado solicitó la revocatoria de las medidas cautelares o, en su defecto, su exclusión para los miembros del proyecto “10 mil socios”, además de la suspensión de su ejecución hasta tanto se resuelvan las solicitudes de nulidad y se garantice el derecho a la defensa.