Habitantes de los barrios Villa Rita y Cimarrón, ubicados detrás del aeropuerto El Alcaraván, denunciaron que, pese a pagar impuestos y contar con servicios públicos en un 90%, no tienen uso de suelo definido, ni escrituras de sus predios, lo que les impide venderlos o utilizarlos legalmente para vivienda.

Wilson Orlando Martínez López, vocero de la comunidad, aseguró que la problemática se arrastra desde hace más de 20 años, a raíz de una Acción Popular que ordenó su reubicación, pero que nunca se ha cumplido. “O nos compran o nos legalizan. No vamos a entregar el terreno. Somos propiedad privada y así debe reconocerse”, manifestó.

Los residentes cuestionan que, aunque se les cobra impuesto predial e incluso servicios públicos con tarifa de estrato cuatro, las autoridades los consideran ilegales para efectos de legalización. “Para pagar somos legales, pero para disfrutar de nuestros derechos, no”, recalcó Martínez.

Según cifras de la comunidad, de los cerca de 100 lotes iniciales, 40 familias de Villa Rita y 48 de Cimarrón fueron reubicadas en Villa David entre 2017 y 2018, sin indemnización y con viviendas que solo hasta este año empiezan a recibir escrituras. El 40% restante continúa en el sector, bajo presión por fallos judiciales que incluso ordenan la suspensión de servicios públicos como mecanismo para forzar el desalojo.

Los habitantes insisten en que existen otros barrios alrededor del aeropuerto en similares o peores condiciones que ya han sido legalizados, por lo que piden al juez primero administrativo y a la administración municipal una solución concertada y definitiva, tal como lo ordenó el Consejo de Estado en 2022.