El presidente del Concejo Municipal de Yopal, Ángelo Castellanos, anunció la suspensión temporal del proceso de convocatoria pública para la elección del secretario general de la corporación para el periodo 2026–2027, luego de conocerse que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) reportó la pérdida de las pruebas escritas aplicadas a los aspirantes.

A través de la Resolución 183 de 2025, el Concejo determinó suspender por seis días calendario el proceso, luego de que la UPTC, entidad encargada de la aplicación y custodia de las pruebas, informara que los exámenes “no fueron encontrados en el lugar donde se depositaron”, lo que comprometió la transparencia del concurso.

“El hecho es de suma gravedad y afecta directamente la credibilidad del proceso”, señaló el presidente Castellanos, quien explicó que la medida busca garantizar la transparencia mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

Según el comunicado leído ante los medios de comunicación, la corporación solicitó a la universidad un informe técnico, cronológico y certificado sobre la situación, donde se especifique quiénes eran los responsables de la custodia de las pruebas, en qué momento se evidenció la ruptura de la cadena de custodia y qué acciones se han tomado al respecto.

La resolución fue comunicada oficialmente a la Personería Municipal de Yopal, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, y publicada en la página web y la Gaceta del Concejo.

Castellanos también aseguró que, pese a la gravedad del hecho, el Concejo actuará conforme a la ley y con acompañamiento del Ministerio Público:

“Nosotros no podemos adelantar un proceso que tenga una sombra de duda. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la transparencia y la legalidad”.

La pérdida de las pruebas generó indisposición entre los participantes y la opinión pública, quienes esperaban la publicación de los resultados preliminares el pasado 12 de noviembre. Ante esto, el presidente del Concejo insistió en que la corporación no tiene responsabilidad directa en el hecho, pues fue la universidad contratada la encargada de la aplicación y custodia del material evaluativo.