La Asociación Veredal Comunitaria del Piedemonte, Asovecopi, organización que agrupa a comunidades de 44 veredas de cinco corregimientos de Yopal, reiteró las denuncias por el incumplimiento de fallos judiciales y medidas cautelares - Acción Popular 2019-00164-00 - sobre una solución definitiva al problema del agua potable en la Vereda La Vega.

Cientos de familias continúan afectadas pese a la existencia de dicha Acción Popular interpuesta desde 2019 para exigir la protección del derecho colectivo al acceso al agua potable.

Asovecopi argumenta que, el Tribunal Administrativo de Casanare y el Consejo de Estado ordenaron a la Alcaldía de Yopal, la Gobernación de Casanare y el Viceministerio de Agua realizar estudios, diseños y ejecutar la construcción de un acueducto. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación habría solicitado el cumplimiento inmediato de estas órdenes, al considerar que se trata de un derecho fundamental ligado a la vida y la salud.

Los líderes comunitarios aseguran que no solo se han incumplido los fallos judiciales, sino también la medida cautelar que obliga a garantizar un mínimo vital de 50 litros de agua potable por persona al día, mientras se ejecuta el proyecto definitivo. Esta obligación está respaldada por la Sentencia T-740 de 2011 de la Corte Constitucional, pero según la comunidad, tampoco se estaría acatando, situación que podría configurar desacato.

Ante la falta de soluciones, las familias de La Vega no descartan bloquear la vía que comunica al corregimiento de El Morro como medida de protesta ante el incumplimiento y la falta de avances en la construcción de una solución definitiva luego de varios años de espera sin respuestas concretas por parte de las entidades responsables.

Exigen un cronograma oficial para el inicio de estudios y obras, así como la presencia de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Advirtieron que, si no reciben respuestas inmediatas, mantendrán el bloqueo vial hacia El Morro y emprenderán nuevas acciones jurídicas para defender su derecho al agua potable.