Continuan los años de incertidumbre y múltiples denuncias por el abandono del proyecto habitacional Torres del Silencio, a pesar que esta semana fue adjudicado el contrato para la demolición de las estructuras. Eduardo Salcedo, líder y veedor del proceso, señaló que cinco empresas participaron en la licitación pública y que la firma seleccionada fue Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S, proveniente de Fonseca, La Guajira. El contrato contempla un plazo de ejecución de 45 días para llevar a cabo la demolición total del complejo.

Según explicó Salcedo, aunque la adjudicación representa un avance importante para las cerca de 400 familias afectadas, la comunidad mantiene la expectativa de ver acciones concretas en campo. “La gente quiere ver maquinaria trabajando y el inicio real de la demolición”, indicó el líder social, quien aseguró que ahora el proceso entra en etapa de legalización contractual para que la empresa pueda iniciar labores. También aclaró que los recursos destinados para esta fase provienen del Fondo de Gestión del Riesgo del municipio y no corresponden a créditos de endeudamiento.

La comunidad espera que la demolición permita eliminar un foco de inseguridad, insalubridad y riesgo para los residentes del sector. De acuerdo con el cronograma entregado, las labores deberían finalizar terminando el mes de junio, para posteriormente dar paso a la Gobernación de Casanare, entidad encargada de iniciar la construcción del nuevo proyecto de vivienda con recursos de regalías y rendimientos financieros. Salcedo aseguró que las veedurías estarán vigilantes del cumplimiento de los tiempos establecidos y solicitarán que los trabajos se ejecuten incluso de domingo a domingo para acelerar el proceso.

Frente a las preocupaciones de los vecinos por posibles afectaciones estructurales durante la demolición, el líder explicó que el contratista y el INDEV deberán realizar actas de vecindad y visitas técnicas a las viviendas cercanas antes de iniciar las obras. Estas inspecciones permitirán verificar el estado actual de las casas y prevenir daños derivados de los trabajos. Mientras tanto, las familias beneficiarias continúan pagando arriendos y esperando que, después de años de retrasos, el proyecto avance finalmente hacia una solución definitiva de vivienda digna.