El concejal de Yopal, Leonardo Infante, informó que la acción popular interpuesta por 13 concejales para cuestionar el proceso de actualización catastral dio un nuevo paso con la programación de la audiencia de pacto de cumplimiento por parte del Tribunal Administrativo. El cabildante informó que, tras el cambio de magistrado, el proceso comenzó a registrar avances, luego de más de un año en el que, según afirmó, las solicitudes de medidas cautelares no prosperaron.

Infante explicó que el nuevo despacho judicial reconoció la participación de la veeduría ciudadana liderada por Luis Pérez como coadyuvante del proceso y ordenó vincular a un representante jurídico de Catasic. Además, indicó que la magistrada estudiará nuevamente una solicitud de medidas cautelares con base en nuevas pruebas aportadas por la veeduría y por los concejales demandantes. Aunque la audiencia de pacto de cumplimiento es un requisito procesal, el concejal considera que representa un avance importante para que el caso entre en una etapa de análisis de fondo.

El cabildante manifestó su preocupación por las presuntas irregularidades detectadas durante la actualización catastral, entre ellas las observaciones realizadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, así como los cuestionamientos sobre la ejecución de recursos públicos superiores a los 7.000 millones de pesos destinados al proyecto. Señaló que el objetivo de la acción popular es establecer posibles responsabilidades y corregir los avalúos que, según múltiples reclamaciones ciudadanas, quedaron por encima de los valores comerciales en varios sectores del municipio.

Frente a la incertidumbre que enfrentan los contribuyentes, Infante recomendó continuar presentando las reclamaciones correspondientes y, en la medida de las posibilidades, mantenerse al día con el pago del impuesto predial para evitar la generación de intereses. Asimismo, indicó que el Concejo y la Administración Municipal estudian una eventual modificación al Estatuto Tributario que permita reducir algunas tarifas y mitigar el impacto económico de los nuevos avalúos, sin comprometer las finanzas del municipio.