En el marco de una acción popular interpuesta por las comunidades afectadas, el Tribunal Administrativo de Casanare emitió una serie de órdenes con plazos estrictos y perentorios para hacer frente a la crisis ambiental generada por el relleno sanitario El Cascajar.

Entre las decisiones adoptadas, le otorgó un término perentorio de cinco días a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) para que realice una inspección técnica integral a las trincheras del depósito y remita un informe detallado con los hallazgos. 

Sumado a la verificación de las instalaciones, el tribunal fijó un plazo improrrogable de 30 días a las entidades accionadas para la búsqueda y selección de predios alternativos. Con esta medida, la autoridad judicial ratificó la necesidad de avanzar de manera definitiva en el proceso de clausura y sellado de El Cascajar, determinando que dicho relleno no podrá continuar recibiendo los residuos de los 11 municipios de Casanare y tres de Boyacá que actualmente disponen allí sus desechos.

Frente a estas resoluciones judiciales, El Personero Municipal de Yopal, Yesid Camacho, instó públicamente a Corporinoquia a incluir al Ministerio Público y a los líderes comunitarios de Alcaraván La Niata durante la inspección técnica programada para los próximos días, garantizando así la participación de los habitantes que han padecido por más de tres décadas las consecuencias del manejo inadecuado de las basuras.