La Fiscalía General de la Nación imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de prestación de servicios. 

Con esta actuación fue vinculada laboralmente la persona que presentó una demanda de nulidad a la elección del mandatario y persuadida para que desistiera de sus pretensiones. 

Inicialmente, se firmó un contrato en febrero de 2024, por 19’800.000 pesos, que no se ejecutó. Luego, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos.

Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal. En la investigación se conoció que el mandatario presuntamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.

Por todo lo anterior, el alcalde de Tunja fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo; mientras que a Sara Catalina Pedraza Canaría y a Luz Mila Acevedo Galán, les fueron formulados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice. 

Por solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a los procesados medidas no privativas de la libertad.