Las entidades del orden nacional, local y departamental comprometidas en el desarrollo de acciones tendientes atender las necesidades de las comunidades del resguardo Caño Mochuelo, presentaron informes de los avances obtenidos hasta el momento, así como el monto de sus inversiones y el impacto real sobre la población objeto.

Al evento de evaluación asistió Ati Quigua, del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y miembro de la Comisión Nacional de Paz de la Presidencia de la República, en representación de los pueblos indígenas de Colombia, quien hizo un diagnóstico real de la situación de estos pueblos en el país y en particular por la situación de niños niñas, adolescentes y mujeres en las diferentes comunidades en el territorio nacional.

Quigua expresó que estas poblaciones no solamente son víctimas de violencia sexual sino que sufren desnutrición y tienen problemas en temas de seguridad alimentaria. Mencionó también los problemas de acceso a la justicia, por el carácter constitucional de la jurisdicción especial indígena por no tener conexión con la justicia ordinaria, y que deja en el limbo aspectos que terminan vulnerando los derechos de estas poblaciones.

"De cada 1.000 niños indígenas nacidos en Colombia, 250 mueren por desnutrición y el 70% de los niños que sobreviven continúan en desnutrición crónica. Esto indica que la problemática de la población indígena no solamente se presenta en el departamento de Casanare, sino que es una problemática generalizada en todo el país”, dijo el miembro de la Comisión Nacional de Paz de la Presidencia de la República, Ati Quigua.

La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Casanare, Marlene Gutiérrez Oropeza, responsable de la implementación de la política pública Indígena, dijo que el objetivo de la convocatoria está en que cada una de las entidades exponga las acciones que desde su competencia han adelantado en el resguardo Caño Mochuelo, para que todos estén en conocimiento de lo que allí se ha hecho y, a partir de la fecha, realizar un trabajo articulado permanente para entregar una atención integral a estas poblaciones vulnerables.

Se contó con una nutrida asistencia de las entidades convocadas, entre ellas el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Indígenas Rom y Minorías, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Tic, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Departamento para la Prosperidad Social-DPS, la Unidad Nacional de Víctimas, las alcaldías de Hato Corozal y Paz de Ariporo, El ICBF, Acuatodos, la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Agricultura Departamental, entre otras.