La Secretaría de Educación desarrolló una reunión extraordinaria con los rectores de los 18 municipios no certificados de Casanare en atención a las solicitudes expuestas, resultados y cronograma de actividades.

Se expuso la situación actual de la canasta educativa y las estrategias para no interrumpir el servicio, en el tema de los administrativos que se vence hacia finales del mes de marzo.

Según la dependencia departamental ya se cuenta con 19 días para hacer una prorroga que ampliaría el cumplimiento hasta el mes de abril, en el tema de vigilancia se les planteó una alternativa para cubrir los 45 días que demora una licitación pública y se queda a la espera de la aprobación por parte de los 69 rectores del Departamento, para poder darle trámite.

Los procesos contractuales ya están listos y algunos están siendo publicados en la página de contratación pública para que inicien su proceso contractual y garantizar un servicio continúo.

La secretaría de Educación Sandra Patricia Rincón, les manifestó a los rectores su preocupación, porque cada vez los recursos girados por el Ministerio son menores, y en cuanto al contrato de administrativos y vigilantes solo alcanza hasta el mes de agosto, por lo cual ya se buscan alternativas y se realizan mesas de trabajo con el Ministerio en la búsqueda de los recursos faltantes para los meses de septiembre a noviembre del 2017.

Profesionales de la Secretaría, despejaron todas las dudas y búsqueda de soluciones para sacarle provecho a los contratos de vigencias anteriores que aún están sin liquidar y poder culminarlos, ya que los contratistas han mostrado voluntad de cumplir las actividades a conformidad de las Instituciones.

Por su parte, el secretario de Hacienda Departamental explicó todos los inconvenientes que se han surtido con el contrato No.1803 del 2016, con el tema de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales del Sector Público (NICSP), donde les manifestó, que se desplazará hasta la ciudad de Bogotá donde se reunirá con el representante legal de la empresa contratista, para definir el compromiso con el cumplimiento del contrato, además de garantizar que se cumpla cada una de las actividades.