La Unidad para las Víctimas realizó una jornada de seguimiento, revisión y ajustes a la implementación del Programa de Reparación Colectiva de los municipios de Chámeza y Recetor.

Los planes Integrales de Reparación Colectiva para las comunidades de Chámeza y Recetor fueron aprobados en diciembre de 2015 y actualmente se encuentra en la fase de implementación de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.

Carlos Arturo Pardo Alezones, director de la Unidad para las Víctimas en la Territorial Meta y Llanos Orientales, indicó que en esta jornada fueron revisadas las acciones presentadas por las entidades del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas (SNARIV) y se llevaron a cabo los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento en la ejecución de las medidas concertadas en el Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc).

Por su parte, Luz Amparo Villa, coordinadora Zonal Meta y Llanos Orientales para el Programa de Reparación Colectiva de la Unidad, manifestó que en esta reunión fue presentado el plan de trabajo para los ajustes desde el SNARIV y con las comunidades actores que participan en todo el proceso de la ruta para la implementación del programa.

La funcionaria agregó que en la reunión se socializo la estrategia de articulación con los programas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), con el fin de fortalecer la implementación de las medidas de reparación y garantías de no repetición, contempladas en los Pirc.

“Durante la Jornada, fue presentado el plan de trabajo concertado que se realizará en coordinación con las entidades que hacen parte del Snariv en Casanare”, agregó la funcionaria.

La jornada contó con la participación de profesionales de la Unidad para las Víctimas, Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Casanare, entre otros.

Son sujetos de reparación colectiva las comunidades, organizaciones sociales y políticas, así como los grupos sociales y políticos por violaciones a sus derechos colectivos y los derechos individuales de sus miembros que tengan impacto colectivo, en el marco del conflicto armado, en hechos de violencia ocurridos después del 1 de enero de 1985.