El general (r) Henry William Torres Escalante, quien fuera comandante de la Brigada XVI, reconoció su responsabilidad por los crímenes imputados por la JEP. Es el primer oficial de ese rango que reconoce su responsabilidad bajo el título de autor mediato.

"La intervención que todas ustedes, víctimas, han realizado en esta audiencia, su dolor, sus exigencias, me llevaron a enfrentar la verdad que muchas veces negué y reconocer el daño causado a ustedes, madres, esposas, hijos, hermanos de las personas asesinadas", dijo Torres.

Henry William Torres Escalante llegó a la Brigada XVI el 19 de diciembre de 2003 a ocupar el cargo de oficial de operaciones. A partir del 3 de diciembre de 2004 y hasta el 10 de diciembre de 2005 se desempeñó como JEM y segundo comandante de la brigada, y en función de dicha responsabilidad, así como por el posterior nombramiento en propiedad, la comandó desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio de 2007.

En su calidad de comandante de la Brigada XVI, y durante el ejercicio de dicha función, tuvo el control sobre la organización criminal que se insertó en esta unidad militar, y que se apartó de la institucionalidad.

De esta manera, impulsó el plan criminal develado por la JEP a partir de las órdenes que emitió, así como de las condiciones que generó, en virtud de lo cual fueron asesinadas ilegítimamente y presentadas como muertas en combate 196 víctimas en 141 eventos de resultados operacionales, de las cuales 138 fueron presentadas como no identificadas, entre el 15 de diciembre de 2005 y el 27 de mayo de 2007, por todas las unidades bajo su mando que reportaban resultados operacionales, incluso traspasando las fronteras geográficas de la jurisdicción asignada a la Brigada XVI, lo cual corresponde al 77% de los eventos de resultados de bajas en combates presentadas durante su comandancia.

Lo anterior corresponde al 66,5% de los hechos determinados por la JEP como asesinatos presentados como bajas en combate entre 2005 y 2008. Entre estas víctimas se encuentran cinco mujeres y 186 hombres, entre estos una persona con OSIEGD, cinco adolescentes, dos adultos mayores y dos personas en situación de vulnerabilidad por discapacidad.

De estos 141 eventos, 15 fueron reportados por los grupos especiales, que se encontraban bajo su control y mando directo. Estas víctimas fueron asesinadas en operaciones de entrega controlada, otras fueron engañadas o retenidas, y asesinadas por hombres pertenecientes a las unidades bajo su mando, para cumplir con sus exigencias de presentar resultados operacionales y suprimir a integrantes de la población estigmatizados o que habían sido señalados de participar en actividades ilegales e insurgentes.

Por lo anterior, la JEP lo llamó a reconocer su responsabilidad al señor Henry William Torres Escalante por su liderazgo en la configuración de la organización criminal de la Brigada XVI dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate.

Torres Escalante fue imputado a través del Auto 055 de 2022 a título de autor mediato, de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Estos hechos, ocurridos entre diciembre de 2005 hasta junio de 2007, tiempo en el que fungió como comandante de la unidad militar, conforme a la determinación y calificación jurídica realizada por la Sala, constituyen conductas no amnistiables y

El ex oficial reconoció que el hecho de que no estuviera al tanto de los detalles de la planeación y ejecución de las muertes, no lo eximen de su responsabilidad. "Soy el responsable por todas estas muertes, no porque las haya ordenado... pero sí tenía indicios de que se podían estar cometiendo algunos crímenes". Además, admitió que ejercía presión a los hombres que estaban a su mando, con el propósito de que dieran resultados operacionales o muertes en combate.

"Mi reconocimiento y responsabilidad se fundamenta en las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas y muertes en combate". Resaltó que dichas presiones provenían del entonces comandante del Ejército; general Mario Montoya y el comandante de la cuarta división; general Guillermo Quiñonez.

Reconoció que "en ocasiones se presentaron varias muertes en combate o resultados operacionales, previo a los levantamientos me manifestaban que no aparecieron las armas. Posteriormente al hacer el levantamiento ya tenían armas y yo nunca dije nada, me volví un alcahuete de esas muertes ilegales".