Un grupo de ciudadanos que fueron beneficiarios de créditos educativos otorgados por el Fondo Fesca y el Instituto Financiero de Casanare (IFC) denunciaron que están siendo reportados ante la DIAN, lo que afecta su vida económica y social. 

Según la abogada Natalia Gabriel, quien lidera la defensa jurídica, el IFC habría realizado el cobro de la cartera por una doble vía: la ejecución de pagarés con fechas extemporáneas y el reporte a la DIAN sin cumplir con las normas establecidas en la ley de gestión de cartera pública. 

Según la profesional, los créditos empezaron a desembolsarse desde el año 1993 y hubo desembolsos hasta el 2009 cuando se liquidó el convenio.

"El reporte se hizo de manera indebida porque se trata de créditos educativos otorgados a particulares, los cuales tienen excepciones en la ley", explicó Gabriel. Además, aseguró que algunos beneficiarios que ya pagaron sus obligaciones también aparecen reportados como morosos. 

Indicó la profesional que pese a tener el paz y salvo emitido por el Instituto Financiero de Casanare, le dijeron que es invalido y está a punto de ser ejecutada a través de un Juzgado Civil, incluso con consecuencias de embargo y el boletín de responsables fiscales. Añadió que ella y su codeudora figuran como reportados generándole daños civiles.

El colectivo de profesionales que asesora el caso está evaluando la posibilidad de instaurar una acción de grupo para reclamar los derechos vulnerados de los afectados. Mientras tanto, avanzan con la defensa individual de quienes han solicitado su acompañamiento jurídico. 

Los afectados piden a las autoridades revisar la situación y garantizar la actualización de la información para evitar perjuicios económicos y legales.