Jorge Bonilla, representante legal y gerente de REASERFIN S.A.S, empresa que desde diciembre del año anterior asumió la administración y recuperación de la cartera del Fondo Casanare - ICETEX, ahora a cargo del Instituto Financiero de Casanare (IFC), dijo que no es cierto que no estén respetando las condonaciones aprobadas en el marco del Fondo.

Inicialmente señaló que se trata de una cartera que no ha sido gestionada desde hace muchos años, concretamente desde 1993, y que, sin embargo, siguió colocando recursos incluso unos años después de haberse terminado el convenio.

“La gestión de actualización de deudores nunca se hizo y la calidad de la información de contacto que se tiene es casi nula; en una revisión el porcentaje de confiabilidad de dicha información estuvo por el orden del 5%”, argumentó.

Bonilla señaló que el contrato es de acompañamiento en la administración y gestión de recuperación de cartera, basada en unos reglamentos suscritos entre la Gobernación y el ICETEX, que establecen unas condiciones y porcentajes de condonación claras, para quienes pudieran hacer alguna labor social o contraprestación en el Departamento, lo cual respetan y aplican porque de lo contrario estarían incurriendo en un delito.

Agregó que cuentan con 15 personas trabajando en la aplicación de dichos reglamentos; además, con un área jurídica que los está estudiando, porque tienen condiciones diferentes, y que incluso a pesar de la deuda que se les pueda haber liquidado, están informando a los deudores quienes son acreedores de condonación y que si presentan los soportes, se les aplicará.

Aclaró que la única entidad que tiene la potestad de aplicar las condonaciones es el IFC, porque solo bajo un acto administrativo se pueden condonar los recursos públicos, y que por ello no es cierto que no se estén respetando, pues es lo que está establecido.

“Una de las razones por las que se da este contrato es porque durante toda la vida del Convenio se realizaron aproximadamente 6.000 operaciones de crédito, de las cuales solo 1.500 fueron liquidadas y notificadas personalmente, y 1.000 liquidadas y notificadas por edicto, por lo que muchas personas no conocen el estado de su crédito, además de las 3.500 que todavía no han sido liquidadas”, explicó Bonilla.

Añadió que la labor de recuperación de cartera necesita una infraestructura compleja, que en la liquidación del convenio se hace referencia de cerca de $70.000 millones colocados en créditos, pero que en la administración de la Gobernación solo se recuperaron 5. 000 millones, a pesar de que se invirtieron cerca de $1.500 millones, pues las actividades de recuperación realmente fueron incipientes, se enfocaron en la aplicación de los reglamentos y liquidación de créditos, pero no continuaron con la administración y recuperación de los recursos que había iniciado el ICETEX.

“Entonces realmente estamos hablando de un porcentaje de inversión mucho más alto e ineficiente frente al proceso que se puede lograr con una empresa que tiene la experiencia en estos temas; nuestro contrato está por cinco años y por el 20% de la recuperación efectiva del capital más intereses, pues todos los gastos en la adecuación de la infraestructura son asumidos por el contratista”, indicó.

Según el Gerente de REASERFIN para el pago se ha establecido hacer liquidaciones mensualmente de acuerdo con la recuperación que se logre; y tampoco es cierto que se los deudores vayan a pagar un monto adicional.

También, expuso que la edad promedio o de maduración de los créditos de dicho Fondo es de ocho años, o sea que después de dejar organizada la estructura de recuperación, la mayor parte va a estar en cabeza del IFC, si considera seguir solo. Porque por ejemplo, los créditos para Medicina fueron pactados a 144 meses, y los demás por el tiempo de la carrera, pero se estableció que se podía manejar una figura de refinanciación hasta por el doble del tiempo, “entonces tampoco es cierto que todo el recaudo vaya a quedar en cabeza de un tercero”.

Consideró que hay que liquidar el 100% de los créditos para saber efectivamente cuánto es la cartera, por los porcentajes de condonación y por los porcentajes de siniestralidad, que son los pagos totales o anticipados, los cuales se reflejan en descuentos del costo financiero y los intereses.

“Lo que se está haciendo es vinculando custodios autorizados para poder certificar la cadena de endoso, que siempre ha estado a favor del IFC y la Gobernación, buscando que haya seguridad en el manejo de la información, porque los pagarés estaban en una entidad privada (Banco Popular) que no tenía por qué tenerlos en custodia, eso es gravísimo, estaban inseguros, no se les hacía arqueo y cuando se revisó una parte de los pagarés, algunos se dieron de baja por deterioro causado por termitas, eso no está bien”, contó.

Para el recaudo que también está a costo del contratista, señaló que están vinculando fiduciarias de las más grandes del país para ofrecer garantías y permitir a los deudores tener una red de recaudo mucho más amplia, pues el momento se hace solamente a través de dos entidades financieras.

“El objetivo es salvar esta cartera, que realmente estaba en peligro de no recuperarse, ya la Contraloría Departamental había hechos manifestaciones al respecto, es para nutrir el Fondo de Educación de Casanare, y cuando la recibimos solamente el 8% de los deudores estaba realizando algún tipo de pago, pero realmente solo el 3% viene realizando pagos puntuales; el 92% se encontraba en mora de difícil recaudo”, agregó.

Sobre que con la entrega de la cartera se habría “desaparecido” información para beneficiar a algunos deudores, el Gerente de REASERFIN explicó que se han realizado protocolos de entrega, pues la información tiene que ser veraz, concluyente y determinante. “Imagino que los responsables de la información cuando la administración la tenía la Gobernación debieron ser muy cuidadosos para evitar pérdidas, y para eso existen documentos escaneados y doble documentación, entonces es muy difícil que eso hubiera pasado”, consideró.

Sin embargo, dijo que a veces las personas manejan información de acuerdo con su conveniencia, más cuando se busca empezar a mover unas obligaciones y dentro de la administración hay deudores que no les interesa pagar, entonces generan desinformación.

Bonilla señaló que para actualizar la base de datos de los deudores están enviando unos correos masivos y que si algún deudor fue notificado y está inconforme porque siente que le están desconociendo los derechos se acerque a la empresa donde será atendido y se tomarán las acciones correctivas correspondientes.

Por último, reiteró que REASERFIN no es una rueda suelta y que para todo el proceso requiere el acompañamiento del IFC, porque si no se canalizan los procesos, no se comparte la información, si se generan los documentos y no son aceptados por Calidad del Instituto, si no marcan como de recaudo las cuentas, y la ejecución del contrato sigue como antes, va a ser muy difícil recuperar recursos.