El gerente de Instituto Financiero de Casanare (IFC), Camilo Barreto, se refirió sobre la polémica que ha generado el contrato que el Instituto firmó en octubre del año anterior con la empresa REASERFIN S.A.S. para depurar y recuperar la cartera del liquidado convenio Fondo Casanare – ICETEX; dijo que buscan que una instancia superior se pronuncie sobre la legalidad del contrato.

Barreto manifestó que no entiende porque el Departamento transfirió esa cartera al Fondo de Educación Superior para Casanare (FESCA), conociendo las debilidades que éste tenía para poder recuperar dichos recursos; pues la fortaleza, la jurisdicción coactiva, la estructura y las garantías para hacer esos cobros las tenía la misma Gobernación.

“Lo cierto es que transfirieron el tema al FESCA, que es un apéndice del IFC, y por eso intervenimos, porque tenemos unas dudas frente a la firma del contrato que se hizo (con REASERFIN S.A.S), y aquí no estamos actuando a nombre propio ni en contra de alguien, estamos actuando como institución porque consideramos que hay algunas ambigüedades frente al origen de los recursos y el pago del contrato; pues se trata de recursos de regalías, y en el contrato dice que el pago es una tarifa del 20% sobre el capital e intereses efectivamente recuperados; por lo que pensamos que si el pago incluye capital estaríamos incurriendo, probablemente, en un detrimento patrimonial”, argumentó.

Barreto agregó que hay otras dudas frente a lo contratado, por ejemplo, se dice que se paga por la depuración de la cartera, y en el Decreto a través del cual se transfiere la cartera al FESCA se enuncia que vienen depurados 27 mil millones, los cuales se incluyen dentro de los 60 mil millones a depurar con el contrato, por lo que la pregunta es: ¿por qué se tiene que volver a pagar para depurar lo que ya está depurado?

“Entonces, lo que se quiere es que alguien, quien sea competente en el tema, una instancia superior revise la legalidad del tema, y nos diga si está bien para seguir con la ejecución o que si está mal concebido se declare la nulidad. Es un proceso que estamos haciendo institucionalmente, no en términos personales ni queriendo decir x, y o z cometió un error, eso no nos interesa, sino que se defina si dicho contrato cumple con los requerimientos legales”, apuntó.

El Directivo del IFC negó que la demanda de nulidad tuviera que ver con algún tipo de intereses personales de funcionarios que son deudores de los créditos, al respecto señaló que en esa cartera debe gente de muchos perfiles y estratos, y que independiente de quien sea debe pagar, con mayor razón si es un funcionario que tiene la posibilidad de asumir el pago, porque se trata de recursos públicos que hay que recuperar.

Finalmente, dijo que como entidad van a estar pendientes de quién llevará el proceso de la demanda de nulidad que interpusieron en el Tribunal Administrativo de Casanare, y frente a la cual los Magistrados declararon falta de competencia; pronunciamiento por el cual interpusieron un recurso de reposición.