El Tribunal Administrativo de Casanare se abstuvo de seguir adelante con la ejecución que el Departamento de Casanare adelantaba contra Liberty Seguros S.A., dentro del proceso por el contrato de construcción del puente sobre el río Cravo Sur, vía Algarrobo – Orocué (paso El Cacho).

La sentencia, con ponencia de la magistrada Aura Patricia Lara Ojeda, determinó que los mismos actos administrativos que el Departamento profirió para hacer efectivo el cobro de la póliza fueron declarados nulos por la jurisdicción contenciosa, y su nulidad fue ratificada por el Consejo de Estado, lo que elimina toda fuerza ejecutoria y hace inviable el proceso ejecutivo.

El contrato de obra No. 292 de 2006, celebrado con Constructora JAP Ltda., tenía un valor de $2.465 millones y estaba respaldado por la póliza No. 772062 de Liberty Seguros, que garantizaba el cumplimiento y el manejo del anticipo por $1.232 millones. Tras la declaratoria de caducidad en 2007 y la liquidación unilateral en 2008, el Departamento pretendía recuperar $920 millones del anticipo no amortizado.

“Los actos administrativos demandados perdieron fuerza de ejecutoria como consecuencia de la declaratoria de nulidad judicial (...), dejando sin piso jurídico la reclamación efectuada en este medio de control”, señaló el fallo.

La decisión implica que el proceso ejecutivo no puede continuar y que, jurídicamente, queda en suspenso la posibilidad de recuperar los dineros públicos girados al contratista bajo el amparo de la póliza, cerrando un litigio que se extendió por más de 15 años.

El Tribunal también condenó al Departamento de Casanare al pago de $35 millones en costas procesales, equivalentes al 3% del valor que se pretendía ejecutar, en favor de la aseguradora.

Esta decisión deja en evidencia que, por errores en el manejo jurídico y técnico del contrato, el Departamento de Casanare no logró recuperar los millonarios recursos públicos entregados como anticipo para la obra del puente. Ahora, la pregunta que queda en el aire es dónde estaban los funcionarios de la época y quién asumirá la responsabilidad por las decisiones que terminaron dejando sin sustento la reclamación del dinero, en un proceso que durante más de 15 años no logró darle resultados al patrimonio de los casanareños.