Semana.com

En la campaña por la Gobernación de Casanare el candidato Marco Tulio Ruiz ha regalado electrodomésticos para que voten por él. Alirio Guzmán se granjeó el apoyo de La U y Cambio Radical. Y Jorge Prieto busca repetir gobernación.

Casanare se alista a elegir a su décimo tercer gobernante en menos de diez años. De siete mandatarios elegidos, seis han sido destituidos o están en la cárcel. Por eso ha vivido en una perenne interinidad. A finales del año pasado, el gobernador, Nelson Mariño, de Afrovides, fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos por haber celebrado un contrato de almuerzos escolares sin la debida licitación. Pero las sombras que seguían a Mariño eran más oscuras.

Varios paramilitares lo habían acusado de haber apoyado a las Autodefensas Campesinas del Casanare y su padrino fue William Pérez, uno de los exgobernadores, condenado por peculado y concierto para delinquir. Desde el momento en que Mariño fue sancionado, el departamento volvió a la interinidad y se alistó otra campaña que acabará en las urnas el próximo 16 de junio.

Aunque lo que pasa en Casanare suena distante, es trascendental. Ese departamento es el segundo productor de petróleo más importante del país. Por concepto de regalías el año pasado se descongeló la entrega de 371.000 millones de pesos para invertir en proyectos de distinto orden. Y en los próximos dos años recibirá más de 600.000. Eso sin contar lo que recibirá de manera indirecta. En el pasado esas inversiones se quedaron en un hospital que no ha podido funcionar correctamente, una piscina de olas sin agua, un museo del llanero que nunca funcionó, entre otras faraónicas obras que alimentaron la corrupción.



Candidatos salpicados

En el punto de partida están Alirio Guzmán, avalado por la coalición de los partidos Cambio Radical y La U; Jorge Prieto Riveros, del Partido Verde; Arcadio Benítez, del Polo, y Marco Tulio Ruiz, de Afrovides. Otro candidato, Osbaldo Cáceres, avalado por el movimiento Aico, renunció alegando competencia desleal.

Hace unos días, bajo un cielo nublado el municipio de Tauramena presenció un espectáculo. En el pueblo algunos asistentes a un acto político recibieron neveras, televisores, motos y bicicletas. La compra del voto ya no se trataba de los clásicos ladrillo, teja y cemento, sino de aparatos para el hogar, e incluso de medicinas. Un animador dirigió “la feria de la repartija”, como dijo un asistente, donde abundó la comida y la bebida. Cientos de curiosos acudieron a ver qué les podían dar. Era la campaña de Ruiz, uno de los cinco candidatos favoritos según versiones de la gente.

Ruiz, exconcejal de Yopal y conocido por ser el dueño de varias droguerías en el departamento, no se sonroja cuando reconoce los apoyos políticos que ha recibido y quién ha estado a su lado. En una entrevista hecha por un medio local dijo “siempre he participado en política, estuve al lado de Óscar Leonidas Wilches, de Miguel Ángel Pérez y Braulio Castelblanco”. Los dos primeros fueron parte de la lista de exgobernadores del departamento condenados por parapolítica a seis y siete años de cárcel, respectivamente. Y ahora Ruiz tiene el respaldo de Mariño, quien lo ha acompañado a hacer campaña en los municipios fuera de Yopal.

A los observadores de la política local no solo les preocupa que carezca de credenciales como administrador, pues Ruiz solo tiene el bachillerato, sino la cantidad de dinero que ostenta. Él ha explicado que todo ha sido el fruto de sus droguerías, no obstante hay quienes dicen que también fue dueño de casinos y hoteles, lo que hasta ahora no ha sido probado. En la Fiscalía hay una indagación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Ruiz pidió un documento para certificar que no tiene una investigación formal abierta el cual reparte en todos sus actos de campaña.

“En la campaña de ese señor dan 80.000 por el voto, en otras dan 30.000”, dice un poblador de Villanueva, otro de los 18 municipios de Casanare que irá a las urnas. Una señora cuenta que su empleada de servicio la abandonó porque le ofrecieron dinero por hacer proselitismo puerta a puerta. Los denunciantes piden la reserva de su nombre por temor. Nada raro en un departamento en el que los grupos ilegales han influido de manera directa en las elecciones.

La otra candidatura que se ha fortalecido es la de Alirio Guzmán, un ingeniero que fue secretario de Asuntos Energéticos de la Gobernación entre 2002 y 2005. A pesar de que se perfila como un técnico, con habilidad en administración, su periodo fue durante las administraciones de Miguel Ángel Pérez y William Pérez, dos gobernadores parapolíticos. Es decir, para algunos “también tiene cola. Aquí nadie se salva”, dijo un lugareño.

A Guzmán hay quienes le endilgan una presunta relación con el Bloque Centauros. SEMANA habló con Jorge Gamba, un ganadero de la región, quien denunció que en 2004 lo mandó a matar por medio de los paramilitares. Según su testimonio –que aparece ocho días antes de que se defina el certamen electoral–, en la época en la que comenzaron a instalar los postes de la luz en la línea 115 (un tramo comprendido entre los municipios de Villanueva hasta Yopal), a su casa llegó un grupo de paramilitares con la orden de asesinarlo.

Gamba habló con William Mayorga, dice, quien era el coordinador político de los paras en la región y aclaró la situación. “Él me dijo: es que a usted el señor Alirio Guzmán ordenó matarlo porque no deja pasar la luz por su finca”. Cuenta el denunciante que le respondió: “Yo sí estoy dispuesto a dejar pasar la línea, pero que me paguen lo que me deben”. Según él, hasta ahora no le han pagado el derecho de servidumbre y en el pasado no se atrevió a denunciar por la propia recomendación de los paramilitares.

Guzmán respondió que “eso no es cierto. Yo ni siquiera conozco a ese señor”. En su criterio la versión es absurda porque él todavía no era el gerente de Enerca. “Yo soy un técnico que nunca tuve que ver con los grupos ilegales. Además es muy sospechoso porque ese señor es el papá del coordinador de la campaña política de Marco Tulio. O sea que blanco es gallina lo pone”. Solo las autoridades tienen la última palabra sobre la veracidad de los hechos.

El otro candidato que se prueba en la arena política es Prieto, quien ha sido el único gobernador del Casanare que ha podido terminar su periodo de gobierno. De él recuerdan los observadores del poder local que gestionó un buen programa de vivienda en el pasado, lo que se ha convertido en su caballo de batalla. Sin embargo, tres de sus secretarios terminaron en la cárcel porque, en criterio de sus críticos, los dejó encargados de asuntos importantes.

Lo que ha pasado en Casanare es tan grave como surrealista. La Registraduría ha intentado blindar las elecciones mandando equipos de identificación biométrica para evitar que voten los muertos, como ha sucedido en el pasado, y ha enviado técnicos para que todo esté al día. Pero eso solo servirá para tratar de blindar las elecciones con el fin de que no se las roben. A los casanareños les corresponde votar a conciencia. El departamento no aguanta más el saqueo al que se ha visto sometido.