La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) rechazó de manera categórica los actos violentos ocurridos en el campo Quifa, jurisdicción de la vereda Puerto Triunfo de Puerto Gaitán (Meta), donde un grupo de personas ingresó de forma ilegal a las instalaciones del clúster 242 y ocasionó un incendio, que, según la ACP, representó una amenaza directa para el bienestar de las comunidades, la integridad de los trabajadores, la estabilidad regional y la infraestructura energética del país. 

“Estos hechos son acciones deliberadas y criminales que vulneran el orden público, ponen en riesgo la vida de las personas y afectan gravemente el desarrollo regional. Este tipo de actos deben diferenciarse con claridad del ejercicio de protesta social, de expresiones ciudadanas pacíficas, que hacen parte de una democracia plural y deben ser canalizadas a través del diálogo institucional”, señaló en un comunicado la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.

La agremiación recordó que, desde el 6 de mayo se han registrado acciones ilegales en la zona, como bloqueos de vías, ataques a la Fuerza Pública y afectaciones directas a las operaciones, con consecuencias negativas para la cotidianidad de las comunidades, el empleo local, la inversión social y el bienestar colectivo.

“La ACP expresa solidaridad con las comunidades, los trabajadores y las empresas que hoy enfrentan esta crisis de seguridad; insiste en el diálogo como vía legítima para construir soluciones, y hace un llamado respetuoso pero enfático a las autoridades competentes para que actúen con celeridad y determinación, garantizando el restablecimiento del orden público, la protección a los derechos humanos y la infraestructura crítica. Reitera, además, la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia o presión ilegítima como mecanismo de interlocución, y de avanzar con rigor en las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley. Situaciones similares se han presentado en departamentos como Sucre y Arauca, lo que evidencia un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad y orden público en varias regiones del país”.

La ACP consideró que esta situación exige una atención urgente y articulada por parte del Gobierno nacional y de las autoridades competentes e insistió en que el desarrollo sostenible de las regiones requiere entornos seguros, institucionalidad fortalecida y una cooperación entre el Estado, las comunidades y el sector empresarial.