Luego que el pasado mes de marzo una nueva maniobra jurídica de la defensa del alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, embolatará la audiencia de lectura de fallo, hoy el Juez Tercero Penal del Circuito de Yopal retomará la Audiencia del proceso por urbanización ilegal que estaría listo para fijar el monto de la pena.

Sin embargo, la defensa de Torres presentó ante el juez una solicitud para que se conceda el cambio de radicación, es decir que el proceso ya no sea fallado por el funcionario judicial de Yopal.

La defensa del Alcalde de Yopal argumenta que para garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales del alcalde, el proceso no debe ser fallado en Yopal sino en Bogotá.

Así las cosas el Juez de Yopal hoy sólo podría instalar la audiencia y manifestar que no puede dar a conocer la decisión, ya que el proceso se envió a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la solicitud de la defensa.

El alto Tribunal tendrá que definir si el juez tercero es competente para emitir la sentencia o si el caso pasa a otro despacho, que tendrían que conocer el proceso antes de fallar su sentencia.

Torres aceptó el cargo de urbanización ilegal en octubre del año pasado ante un juez de Bogotá y desde entonces se han presentado varios recursos, incluyendo la petición de la nulidad de todo lo actuado, con lo cual se ha impedido que el juez emita la sentencia por ese delito.

También se espera que un juez de Bogotá cite a audiencia en los próximos días para resolver la decisión de un funcionario judicial de control de garantías que a comienzos de marzo dejó en libertad a Torres Torres. Este había sido recapturado en una operación de la Policía y la Fiscalía para responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la investigación, el alcalde creó empresas fachada e hizo maniobras contables para intentar dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilegales.

Por cuenta de esas maniobras habría logrado mover cerca de 50 mil millones de pesos a través de empresas y cuentas que estaban a nombre de familiares que, aseguran los investigadores, no tienen cómo justificar esos ingresos.