El Juzgado Primero Penal Municipio de Yopal dejó en libertad a dos sujetos que habían sido capturados el día lunes en pleno centro de la capital de Casanare cuando presuntamente cobraban una extorsión.

Así se conoció al terminó de la audiencia que duró más de cuatro horas en el Palacio de Justicia, donde se cumplía la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

El Juez Rafael Nevardo Sánchez Gómez, quien dirigió la audiencia determinó que no existían pruebas suficientes que demostrarán el delito y que las personas seguían implicadas en la investigación pero quedaban en libertad al no ser un peligro para la sociedad.

Los Hechos


En el parque central de Yopal, Unidades de la Subdirección de Policía Judicial CTI Casanare en Coordinación Gaula Militar Casanare, capturaron en flagrancia por el delito de extorsión a los señores Pedro Julio Osma Osma e Isaías Camacho Mendoza a quienes se les identificaba como presuntos integrantes del frente 45 FARC, y exigían la suma de 30 millones de pesos a una comerciante en Yopal.

La investigación fue adelantada por la Fiscalía Especializada ante el Gaula de Yopal y su captura se produjo momentos en que los sujetos recibían presuntamente el dinero producto de la extorsión. Al momento de su captura se les incautó un celular de donde supuestamente realizaban las llamadas a la víctima y un paz y salvo de pago.

Al parecer los dos delincuentes comunes que extorsionaban a nombre de las FARC tenían en su poder recibos de pago con logos de esa guerrilla.

Según se conoció una vez finalizada la audiencia llamaron a la víctima de la extorsión recalcándole que estaban libres.

Reacción

La noticia de la libertad generó desconcierto entre la comunidad casanareña en especial los comerciantes que manifiestan tener la presión de los cobros o vacunas por parte de células insurgentes y delincuencia común. Señalaron que así nadie se anima a denunciar.

La decisión del Juez tendría que ver con el modelo garantista de la justicia colombiana en el que se debe demostrar que la medida privativa de libertad es necesaria e imprescindible.

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