Información de El Espectador
$90.000 habría costado testimonio contra militares en 'falso positivo'. Así lo denunció en diligencia de indagatoria por el homicidio de dos civiles, presentados como guerrilleros.

90.000 pesos le habría costado a dos fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario comprar a un testigo que declaró en contra de integrantes del Gaula Casanare involucrados en el asesinato de dos civiles, bajo la modalidad denominadas como ‘falso positivo’, y que derivó en la condena a 32 años de cárcel que pesa sobre el mayor Gustavo Enrique Soto.

Según decía el expediente, el exparamilitar Wilson Rodríguez Mimisica recibió 5 millones de pesos a cambio de entregar a los militares toda la información referente a la ubicación de las víctimas, pero éste se negó a ratificar esta denuncia en diligencia de indagatoria, aduciendo haber sido engañado por Luz Margaret Salguero y Martha Cuesta, fiscales 60 y 43, de quienes asegura le ofrecieron una cantidad de beneficios a cambio de su versión.

“Ese día 23 de enero de 2009 usted le dio 50.000 pesos a la doctora Luz Margaret y la doctora Luz Margaret sacando 40.000 pesos del bolso pasó a darme 90.000 diciéndome que ese era el comienzo de lo prometido por atestiguar en contra de estas personas”, dice el documento de la indagatoria practicada en la Fiscalía por la supuesta responsabilidad del desmovilizado en estos hechos.

En el curso de la diligencia, el exparamilitar indicó que las fiscales se aprovecharon de su ignorancia para hacerlo firmar una declaración juramentada, de la cual ignoraba el contenido, sin siquiera haber contado con la asistencia de su abogado de confianza sino uno de oficio que, según él mismo, le fue asignado sin que él supiera a ciencia cierta de qué se trataba esa asistencia.

Agregó que minutos antes de la indagatoria le manifestó a su defensor lo que había ocurrido con la entrega del dinero y las supuestas promesas a cambio de vincular a los militares en esta ejecución extrajudicial, hecho que no solo tomó por sorpresa al jurista sino que lo llevó a recriminar a las representantes del ente de control, particularmente Martha Cuesta, quien según él le respondió que “era la palabra suya contra la de ella”.

El 1º de diciembre de 2010 el oficial (r) Gustavo Enrique Soto fue sentenciado a 32 años y seis meses de prisión, tras ser hallado culpable del asesinato de Luis Guillermo Robayo Mora y su hermano de solo 14 años de edad, Rubén Darío Avendaño Mora; ambos fueron presentados como guerrilleros del Frente 28 de las Farc dados de baja en combate.

Los hechos materia de esta investigación ocurrieron el 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias, del municipio de Hato Corozal, Casanare, donde testigos afirman haber visto cómo las víctimas fueron obligadas a bajar del vehículo en el cual se transportaban, despareciendo desde entonces.

Según la investigación, llevaban consigo 10 millones de pesos para comprar ganado, pero luego aparecieron sin el dinero, sin celulares no documentación alguna, pues fueron presentados como bajas guerrilleras caídas en combate. La madre de las víctimas se habría acercado a la Personería de Sácama para denunciar malos tratos, torturas y amenazas contra sus hijos por parte de integrantes del Gaula.

Por estos hechos también fueron llamados a juicio 10 militares más y un civil, que están siendo juzgados por jueces de la República como presuntos responsables del delito de homicidio en persona protegida.