Teniendo en cuenta que en Yopal existen 129 órdenes de sanciones de arresto pendientes con ocasión al incumplimiento de medidas de protección por violencia intrafamiliar, la Personería Municipal y la Procuraduría Regional Casanare como garantes de los derechos humanos de las víctimas convocaron a la institucionalidad a una mesa de trabajo con el fin de revisar los procedimientos y los motivos por los cuales no se han hecho efectivas.

Las dos Agencias del Ministerio Público mostraron su preocupación ante el inminente riesgo que tienen algunas mujeres de sufrir un posible feminicidio, por lo que instaron a la institucionalidad a articular acciones para impactar estos fenómenos de violencia que se vienen presentando en el área urbana y rural de la capital casanareña. 

Como resultado de estos espacios de diálogo fue posible determinar que, se va a adelantar una maratónica jornada en aras de priorizar los casos más relevantes de victimarios reincidentes sancionados, para materializar su arresto ante el incumplimiento de estas medidas de protección impuestas por las respectivas Comisarías de Familias adscritas a la Casa de Justicia de Yopal.

La Personería Municipal de Yopal identificó que pese a   que las Comisarías de Familia imponen estas medidas de protección para salvaguardar la integridad de las víctimas, en algunos casos estas mismas solicitan la terminación o el archivo de estos procesos.

La Personería de Yopal y la Procuraduría Regional Casanare, le recalcaron a la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno Municipal y Casa de Justicia, entidades presentes en esta mesa de trabajo la importancia de articularse para implementar acciones y estrategias prioritarias tendientes a mitigar todos los tipos de violencia que puedan afectar a cualquier integrante de los núcleos familiares.

Lo anterior en atención al incremento de los casos de violencia intrafamiliar en la ciudad, así como lo evidenciaron las estadísticas del más reciente informe presentado por la Policía de Yopal en el Comité Civil de Convivencia que da cuenta que este delito aumentó el 47% en este 2024, en comparación con el año anterior por esta misma fecha.

La violencia intrafamiliar física o psicológica es un delito que puede acarrear de 4 a 8 años de prisión y se agravará si la conducta recae sobre un menor, adolescente, mujer o adulto mayor.