La Federación Nacional de Personerías de Colombia – Fenalper, le aclaró al Alcalde de Maní, Ferney Chaparro Perdomo, que las Personerías no son dependencias de las Alcaldías, ni están sujetas a voluntades políticas. “Son órganos constitucionales del ministerio público, con autonomía y autoridad propias, encargadas de vigilar la conducta oficial, proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia en los territorios”.

Fenalper respaldó a Alejandra Ramírez, Personera Municipal de Maní, ante la presión del Alcalde para que le entregue el local donde ha venido funcionando la Personería. La Federación afirmó que estos actos son considerados como "persecución institucional, acoso laboral y hostigamiento político promovidos desde la Alcaldía".

Ferney Chaparro, ofició a la Procuraduría Regional acusando a la Personera de incumplir el "deber de obediencia". Fenalper le recordó que "Atentar contra una Personería es atentar contra la voz institucional que defiende a la ciudadanía frente al abuso del poder”. 

El Alcalde de Maní, conocido ya por sus impredecibles reacciones, afirmó en redes sociales que, “las cosas no son como se dicen” y envió copia de un derecho de petición a FENALPER, en el que indaga por nombre completo, cargo, número de cédula de ciudadanía y direcciones de correo electrónico para notificaciones de los responsables de redactar y publicar el comunicado de la Federación Nacional de Personerías de Colombia de fecha 06 de octubre de 2025, o en su defecto se informe como se autorizó el contenido de dicho comunicado y por quién.

Además, pide que se le informe cuáles son los actos de persecución institucional, acoso laboral, hostigamiento político, deslealtad arbitraria y sin fundamento jurídico a los que se refieren en el comunicado oficial, en contra de la Personera Municipal de Maní y se remitan las pruebas documentales que sustenten dicha acusación.

Igualmente, el Alcalde Chaparro, argumenta que desde el año 2022 se le ha venido solicitando a la señora Personera la entrega del espacio físico que se encuentra desocupado y el cual podría ser utilizado por otra entidad del orden nacional o por otro despacho de la administración municipal en beneficio del interés general. Afirma que, la administración municipal ha intentado llegar a un acuerdo con la funcionaria en cuestión, pero esta se ha negado a ceder el espacio, alegando que cuenta con un derecho legal que no ha demostrado documentalmente.

“No se trata de un tema político, ni de persecución institucional, ni de acoso laboral. Se trata de una decisión basada en el uso racional y legal de un bien inmueble del municipio de Maní, el cual se ha solicitado en reiteradas ocasiones sea desocupado para dar lugar al funcionamiento de otras entidades que sí han hecho la solicitud formal”, afirma el mandatario en su derecho de petición.

Finalmente, señala que, “En ningún momento se ha atentado contra la dignidad de la persona humana ni mucho menos contra los derechos fundamentales de la Personera Municipal. Las decisiones adoptadas por la administración municipal están justificadas, son de carácter público, de interés general, y buscan beneficiar a la mayoría de la población maniceña”.

“Esta administración reitera su compromiso con la transparencia, el respeto por la ciudadanía y la gestión responsable de la información, garantizando que todos los pronunciamientos institucionales se realicen con base en hechos verificables y en estricto cumplimiento del marco legal. Una vez se emita el concepto correspondiente, se le informará oportunamente la decisión adoptada, dentro de los plazos establecidos por la ley”.