Atendiendo la solicitud de la Senadora Maritza Martínez, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, confirmó el acompañamiento del ente de control en el trámite de la acción instaurada por el Meta contra la Agencia Nacional de Infraestructura, con ocasión del convenio que lo obliga a pagar parte de las obras de la doble calzada Bogotá -Villavicencio.

La Contralora General anunció que coadyuvará las pretensiones del Meta para rescindir este convenio que obliga al Departamento a aportar $200 mil millones para la construcción del tramo de 27 km de doble calzada.

“Este corredor vial por donde circula hoy, en cuanto a hidrocarburos se refiere, la locomotora minera y una parte importante de la relativa al sector agropecuario, no puede tener un futuro próximo tan desalentador”, había dicho la parlamentaria Martínez Aristizábal al Presidente Juan Manuel Santos al considerar excesivo el plazo de 7 años para la construcción de apenas 27 km de doble calzada, a lo que se suma que el Meta tenga que aportar recursos a pesar de tratarse de un tramo de vía nacional que se ejecuta por fuera de su territorio.

Según la Senadora Maritza Martínez, este anuncio de la Contraloría constituye un importante espaldarazo a la justa reclamación judicial emprendida por el Meta, teniendo en cuenta que tendría que pagar obras a realizarse en jurisdicción de Cundinamarca y que, adicionalmente, al haber sido despojado este ente territorial de los recursos que percibía por regalías directas perdió la capacidad financiera para dar cumplimiento a este convenio.