El regreso de la familia Ortiz al predio “Santa Bárbara”, de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Fuerza Pública, se convirtió en una verdadera celebración, porque representó el fin de un periodo amargo para sus vidas y la llegada de la justicia y la prosperidad a este hogar.
Un predio ubicado en la vereda La Meseta en El Dorado, Meta, luego que los segundos ocupantes salieran voluntariamente del terreno.
Ofreció a los policías $5’000.000 para que lo dejaran pasar con la mercancía hacia los Llanos Orientales.
Estos ejemplares no pudieron ser liberados en su hábitat natural, debido a que, al haber sido retirados de su entorno natural, perdieron las capacidades y habilidades necesarias para sobrevivir por sí mismos.
Un aporte importante al conocimiento y a la conservación de especies de aves acuáticas y su relación con los humedales del departamento.
Existe la posibilidad de conseguir dos lotes, uno en Caños Negros y otro en Apiay, ambos con un área superior a las 50 hectáreas.
Siete motocicletas fueron recuperadas mediante operación exprés contra este delito.
Resultaron elegidos Carlos Julio Gutiérrez de Puerto López y Rogers Devia de Cubarral.
Por actos de corrupción en la agencia logística de las fuerzas militares.
Policía y ficalía capturaron y pusieron tras las rejas a ocho hombres por delitos sexuales contra menores de edad.
El ex Concejal de Villavicencio Néstor Arnulfo García Parrado fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía EDA, en cumplimiento de una orden judicial.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó la restitución del predio de 76 metros cuadrados, ubicado en la vereda Santa Teresa tras declarar que la familia Robayo, es víctima de desplazamiento y abandono forzado de tierras.
Gobierno Nacional y Entes Territoriales le apuestan a la reactivación sostenible. Los mandatarios analizarán y establecerán su ruta de trabajo para el año en curso y presentarán los resultados alcanzados en 2020.
Por la liberación exigían el pago de 80 millones de pesos.
Gracias a la gestión judicial de la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio declaró la calidad de víctimas de desplazamiento y abandono forzado a la familia.
Cristian Alber Cagua Núñez y un joven de 17 años, fueron sorprendidos cuando pretendían recibir dinero exigido a un comerciante en Granada.
