Por: Oscar Vanegas Angarita*

En el pasado, ser ingeniero de petróleos era algo dignificante, porque al extraerse una riqueza esencial e indispensable como lo son los hidrocarburos, se contribuía al desarrollo económico y social del país. El ingeniero era bien recibido y tratado por las comunidades, siendo un orgullo para él, tantas atenciones.

Hoy la situación, lamentablemente, es diferente. Solo el año anterior hubo 440 conflictos sociales, la mayoría generados por impactos ambientales; y otros, no pocos, por el abandono al que han estado las comunidades, a donde no llegan las regalías, que es la compensación o retribución a todo el daño que se les causa con la llegada de la industria petrolera.

Los conflictos llegaron porque, de una política petrolera respetable administrada por Ecopetrol que, no obstante sus vacíos, era aceptada sin reparos por la mayoría de los colombianos, pasamos a una nefasta, administrada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH; que no sólo no convence ni tranquiliza, sino que genera tristeza e indignación por la forma como han entregado nuestros recursos hidrocarburíferos, tal como lo analicé en columnas anteriores.

Adicionalmente, la ANH no se hace responsable, ni le exige a los concesionarios, ni pisca de responsabilidad social. No en vano la percepción de las comunidades de influencia de los proyectos petroleros, sobre la tarea social y ambiental de las empresas, es deplorable, y el ciudadano se siente desprotegido y abandonado por el Estado.

Un gran lunar de la ANH es la no aplicación de funciones de vigilancia y control sobre las actividades, tanto técnicas como sociales, que realizan las petroleras, dejándolas a sus anchas; por lo cual vienen atropellando las comunidades y afectando el medio ambiente, sin asco. La ANH debería contar con funcionarios inmaculados técnica y moralmente, que purifiquen los vicios que hoy tienen los organismos de control. Eso, creo, quedó plasmado en el Decreto Ley 1760 de 2003; sin embargo, la mayoría de sus funciones no se han cumplido, demostrando, en sus 10 años de funcionamiento, que el cambio en la política petrolera ha sido un fracaso estruendoso, al extremo de que hoy está en riesgo la autosuficiencia petrolera del país. O sea que con el traspaso de la administración del subsuelo, de Ecopetrol a la ANH, en vez de mejorar empeoramos, porque la entrega de bloques se convirtió en una sofisticada corruptela, al estilo del carrusel de la minería; a donde llegaron empresas de dudosa reputación; despojándole al país la mayor parte de la renta petrolera.

El ingeniero de petróleos de hoy es testigo mudo y estupefacto de los recurrentes enfrentamientos entre las empresas para las que laboran y las comunidades. Generalmente porque los contratistas aplican malas prácticas o hace mal uso de las tecnologías, acabando o contaminando fuentes de agua, generando derrumbes en las fincas, reventando acuíferos confinados, secando humedales, interviniendo ríos o extrayendo, sin permisos o licencias, las aguas subterráneas poco profundas, como lo podrán ver este domingo en el programa Especiales Pirry.

Igualmente, algunas empresas, sin control ni vigilancia de la ANH –repito- amparados en la ley de servidumbres petroleras (Ley 1274 de 2009), y en el hecho de ser una industria de utilidad pública, se han convertido en feudos nauseabundos, lo cual les permite abrir los broches de las fincas, amenazando con expropiación o multas de miles de millones a sus propietarios, si se oponen al ingreso de la sísmica o los taladros. En fin, sería interminable reseñar todos los hechos bochornosos que por desgracia suceden hoy en la industria petrolera y sus relaciones con la comunidad.

Nuestra industria petrolera, social y ambientalmente pasa por su peor momento, y es urgente adoptar medidas que reparen el inmenso daño generado con el cambio del sistema contractual en exploración y producción, y que pronto reencontremos el rumbo de la decencia y la recta aplicación de buenas prácticas, de la cual jamás debimos habernos extraviado. El cómo se llegue a esta solución es asunto del Congreso de la República a través de una ley orgánica de hidrocarburos, pero lo urgente e inaplazable es detener, a través de un manual de buenas prácticas, el derrumbe social y ambiental que está al borde del abismo.

*Ing. de Petróleos. Presidente del ORSEME.