Por Oscar Vanegas*

Me formé como ingeniero de petróleos en la década de los ochenta, cuando la política petrolera en Colombia era formulada por la Junta Directiva de Ecopetrol, en concordancia con el Decreto Ley 2310 de 1974. Decreto expedido sin temor por López Michelsen, a pesar de estar el país a puertas de importar petróleo - cosa que efectivamente ocurrió entre 1976 y 1985-, en plena crisis económica producto del embargo petrolero mundial de 1973, en pleno auge de los grupos guerrilleros, y con las petroleras multinacionales ahuyentadas y temerosas por la ola nacionalista del Medio Oriente y demás miembros de la OPEP.

En las aulas aprendí que Ecopetrol como empresa estatal era la administradora de la riqueza petrolífera del subsuelo, y era la responsable de la exploración, explotación, transporte, refinación y suministro de los hidrocarburos y sus derivados a precios razonables, con el único fin de garantizar el suministro interno de la energía que jalonaba el desarrollo económico y social de país. Ser presidente de Ecopetrol era más importante que ser Ministro de Minas, y allí se llegaba solo si se tenían los méritos, los conocimientos y la capacidad.

Aprendí que si una multinacional petrolera quería buscar petróleo en Colombia, debía correr el riesgo exploratorio, realizar el 100% de las inversiones y actividades, y garantizarle a Ecopetrol y al país que tenía la experiencia, los recursos y la capacidad para buscar y producir el petróleo, con buenas prácticas; esto es, protegiendo el medio ambiente, sin atropellar a las comunidades y cuidando los yacimientos para garantizar la sostenibilidad.

También me enseñaron que si la petrolera multinacional encontraba petróleo comercial, tenía que entregar como compensación por los impactos generados (económicos, sociales, culturales y ambientales), el 20% de la producción neta a título de regalías; el 60% de las cuales se invertía directamente en las comunidades de la zona de influencia del proyecto. Igualmente, al país le entregaban, a través de Ecopetrol,otro 40% de la producción como participación, por ser el Estado el dueño de esa riqueza que se extraían del subsuelo.

Esa política petrolera fue pretérita del neoliberalismo infame impuesto por las potencias a través del consenso de Washington, y por eso fue tan exitosa para el país, atrayendo las multinacionales petroleras más grandes y prestigiosas (BP, OXY, Total, Triton, Texaco, Chevron, Shell, entre otras); quienes realizaron las mayores inversiones que históricamente se tenga recuerdo, y lograron los mayores descubrimientos de hidrocarburos que se tienen (Chuchupa, Rubiales, Castilla, Chichimene, Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, entre otros), de los cuales hoy se extrae el 83% de la producción de petróleo y el 95% del gas natural; de cuya producción al país le corresponde el 85%, incluidas las regalías (el 90% de las regalías que recibimos provienen de los campos descubiertos bajo contratos de asociación).

Todo esto es muy contrario a los resultados que he analizado en las columnas anteriores, producto de la política petrolera del gobierno de Uribe y aplicada a través de la ANH, donde han entregado el 51% de los bloques (de 351) con cero participación para el país, el 20% con el 1%, y otro 9 % con el 2 o 3%; y de donde ya se extraen 170 mil barriles diarios, de los cuales al país solo de corresponden 14 mil barriles por regalías y 538 barriles como participación en la producción.

Por eso estoy en contra de la actual política petrolera, pues a mí no me enseñaron en las aulas que, como ingeniero de petróleos, debería ser cómplice del saqueo descarado de nuestros recursos naturales.

Según la ANH, a corte del 13 de diciembre pasado, las 146 empresas (sin incluir a Ecopetrol), la mayoría “chichipatas”, que se han beneficiado con las áreas asignadas, han invertido en exploración y desarrollo de campos: 2.845 millones de dólares en 10 años, de los cuales la AHN ha recibido 1.500 millones de dólares por derechos de uso del subsuelo, participación por precios altos, transferencia de tecnología y participación en la producción. O sea que efectivamente han invertido en exploración y desarrollo 1.345 millones de dólares en 10 años.

Esto es, menos de un millón de dólares por empresa por año. Mientras que Ecopetrol invierte solo, más de 8.000 millones de dólares por año, de los cuales más de 500 millones van para exploración. Con estos resultados, es mejor devolverle el subsuelo a Ecopetrol y que sea ésta la responsable de la política petrolera del país.

*Ing. de Petróleos. Presidente del ORSEME.