Por Leonardo Puentes

Concluyó el fin de semana anterior un nuevo período de sesiones del Concejo Municipal de Yopal marcado por una coyuntura especial: comienza a agotarse el primer semestre del 2014, el tercer año de gobierno, y este es el momento de comenzar a mostrar resultados. En el entendido que la evaluación a través del Control Político es una de sus tareas principales, el Concejo Municipal logró sacar adelante una agenda importante de debates de control a los secretarios de despacho de la administración del ‘sentido social’.

Recojo en las siguientes líneas algunos aspectos que considero importantes para la revisión y reflexión de los lectores. Aclaro, eso sí, que no me voy a referir al estruendoso fracaso de esta administración en el tema del agua para no distraer la atención de otros asuntos que desafortunadamente han pasado de agache debido a esta dolorosa crisis que se aproxima también a cumplir los 3 años.

CAPITULO VIVIENDA: No salimos de los anuncios y de los filtros.

El primero en pasar al tablero fue el director del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (IDURY). La discusión se centró en el cumplimiento de metas del sector que presentó esta administración como su bandera: la vivienda. El compromiso fue entregarle a Yopal 4500 soluciones de vivienda en tres modalidades: 1000 viviendas nuevas de interés social, 1500 mejoramientos de vivienda y 2000 subsidios representados en lotes o para la construcción en sitio propio. La situación hoy es muy preocupante, los resultados de las entregas en las 3 líneas son los siguientes: Cero (0).

Es preciso aclarar que el debate fue motivado por una solicitud de autorización de uso de vigencias futuras, es decir, el permiso para poder invertir una plata sin interrupciones entre 2014 y 2015, que la administración le presentó al Concejo. Y las sorpresas fueron varias: 1. El endeudamiento de 34 mil millones de pesos autorizado por la Corporación en septiembre de 2012 – hace más de año y medio!-, de los cuales 14 mil millones eran para vivienda, apenas va a comenzar a ejecutarse. Si esa ha sido la eficiencia para realizar el trámite del crédito, qué podemos esperar de la construcción de las casas. La incertidumbre es total.

2. En la solicitud del crédito se argumentaba la necesidad de atender a 1099 núcleos familiares con un subsidio cercano a los 14 millones de pesos. Ahora bien, en la solicitud de apropiación de vigencias futuras, ya no eran 1099 los beneficiarios, resultó que ahora solo serían 397; ¿y los otros 702 a dónde los mandaron? ¿planeación con Sentido Social?. Finalmente, después de toda suerte de ‘malabarismos analíticos’ (excusas y maniobras), el proyecto resucitó y quedó para 635 beneficiarios. Le queda ahora la tarea a los organismos de control de revisar hasta dónde el procedimiento es legal: nos mandaron a la tienda a comprar 11 manzanas y llegamos con 6.

3. Se dio a entender que por culpa del Concejo no se le iba a poder cumplir con el traslado y entrega de sus viviendas a asentamientos humanos (mal llamados invasiones) como el ‘15 de Octubre’: Falso. La Corte Constitucional ordenó mediante Sentencia T-349/12 restituirle el derecho a una vivienda digna a cerca de 270 familias ubicadas en este asentamiento. Este fallo no compromete la fuente de financiación de las obras, obliga a cumplir, a buscar la plata de donde sea, pero la administración, que entre otras cosas ha tenido más plata que ninguna otra en la historia de Yopal, ha priorizado otros sectores.

Queda en evidencia que no solamente no se han comenzado a materializar las entregas de las 4500 soluciones de vivienda establecidas como meta en el actual Plan de Desarrollo, a pesar que iniciamos ya el último tercio de este período de gobierno, sino que nos queda además la sensación que esta administración llegó empeñada en dilatar, por no decir enredar, a través de toda suerte de ‘filtros’ y ‘revisiones técnicas exhaustivas’ la ejecución de proyectos que venían en proceso desde 2010 y debían entregarse en 2012.

Los casos de Torres del Silencio, cuyos beneficiarios son 400 familias muy vulnerables de Yopal y del proyecto Torres de Cubarro, pensado para resolver el problema de 160 profesionales, que generalmente se ven excluidos de este tipo de proyectos, son sencillamente penosos. 560 familias yopaleñas, es decir, cerca de 2400 personas, están viendo esfumarse en escritorios, en la maraña de reclamos contractuales y la ‘tramitomanía’ de nuestro ineficiente Estado, su anhelo de tener un techo propio. Mientras tanto, muchos tienen que seguir pagando arriendo, rebuscando con angustia las cuotas de pago de los préstamos –los legales o los inescrupulosos ‘gota a gota’-, y rogando que los ahorros que han aportado para acceder a los mencionados proyectos no se pierdan.

En contraste con este angustiante balance nos encontramos con el fenómeno de las urbanizaciones ilegales, piratas o como quieran llamarlas, que crece a un ritmo quizá comparable con el de la locomotora minera del gobierno nacional. Así como es claro que nuestro territorio está totalmente concesionado en bloques para la explotación petrolera, hoy es sabido por todos que la periferia de Yopal está copada por la venta de proyectos de loteo y vivienda por fuera de la legalidad.

Como nunca antes en la historia de Yopal, durante esta administración se han conjugado los elementos para un peligroso coctel de ilegalidad, que puede terminar por defraudar a muchos y dar al traste con el proyecto de construcción de una ciudad armónica, incluyente y sostenible ambientalmente: permisividad, impunidad, ineficiencia, corrupción y oportunismo.

La ineficiencia estatal para cumplir el mandato constitucional de darle vivienda digna a los más necesitados se convirtió en la plataforma política ideal para un amplio sector de la dirigencia local, que amparado en la sentida necesidad de los más pobres, así como en la total impunidad frente a los casos denunciados, se enriquece de manera fácil y rápida, y además ejerce la suficiente presión sobre aquellos incautos compradores, que se sienten comprometidos –por no decir obligados- a respaldar a su ‘benefactor’, con tal de ver realizado el sueño de tener una vivienda.

Oportunismo, ilegalidad y mezquindad suficientes para dejar la planeación de Yopal al vaivén y el capricho de las decenas de urbanizadores de ‘buen corazón’, que recaudan ilegalmente miles de millones a diario y además se convierten en grandes figuras, muchos con aspiración de participar o seguir ascendiendo en la política.

En el trasfondo lo que se advierte es que el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- quedó hecho a la medida y talla de este lucrativo proyecto expansionista y es complementario a un Estatuto de Rentas hecho para que los ciudadanos de Yopal paguemos con nuestros impuestos los costos económicos y sociales que eluden nuestros ‘exitosos empresarios’ de la vivienda de interés social.

POSdata: Ojalá los filtros y la ‘rigurosidad técnica’ hubieran sido iguales para el polémico y dudoso sorteo de 77 nuevos cupos para taxis en Yopal. Ahí si fue como está de moda por estos días en Casanare: ‘a toda marcha’.

*Concejal de Yopal.