Por: Oscar Medina Gómez **

Cuando se habla de Vivienda de Interés Social, VIS, en Casanare inmediatamente la palabra que salta desbordada del cerebro y sale por la boca es corrupción. Desde hace muchos años miles de personas han sido víctimas de la estafa de “honorables” gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, congresistas y cuanto bicho de esos anda por ahí. Libres. Claro. Algun@s son hoy día alcaldes y concejales.

Aprovechando la necesidad popular de tener un techo propio y amparados en la legalidad e investidura de un cargo, legalizan subsidios para vivienda nueva y lotes con servicios, y le piden anticipadamente dinero a los parroquianos en ahorros programados, cuotas moderadoras y cuanta figurita se puedan inventar para luego robarse la plata.

El pasado reciente nos cuenta que Casanare tuvo un gobernador llamado Oscar Raúl Iván Flórez Chávez. Un aparente inocente y santo hombrecito, con cara de “yo no fui”. De pastor evangélico, que resultó ser el más hampón entre l@s much@s hampones que han acomodado su trasero en la silla de la gobernación.

Es saludable recordar –para que después no digan que no sabían- que a su paso como primer mandatario de los casanareños Raúl Flórez –así se dio a conocer- y su bien montado cartel de la vivienda, se robó más de 1021 mil millones de pesos.

Una bien aceitada y montada empresa delictiva le permitió a estos miserables depredar el erario sin compasión. Los contratos que suscribía la gobernación con los contratistas de los proyectos de vivienda tenían en común visibles irregularidades en materia de contratación pública.

Actuando de mala y perversa fe el gobernador y su equipo de contratación partieron de la errada premisa que todos aquellos contratos que no estuvieran enlistados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se regirían por un procedimiento particular, creado por ellos, para poder contratar. Se aplicaron trámites y procesos, que abiertamente –ante los ojos del contralor de entonces- violaron los procedimientos establecidos por la ley. Es que, precisamente, el objetivo único era robar y robar.

Todos los procesos contractuales de los proyectos de vivienda departamental, convergían en el siguiente cronograma o modelo, estructurado para el tumbe:

1. Mediante acto administrativo entregaban (en un papel) los subsidios a los beneficiarios.

2. Forzosamente y con presiones recogían firmas a los beneficiarios, para que ellos autorizaran a la Gobernación a ejecutar dichos subsidios.

3. A dedo seleccionaban un constructor, en algunos casos. En otros por medio de procedimientos breves, disfrazados de rectitud administrativa.

4. Para la ejecución presupuestal de los recursos y la puesta en marcha del proyecto, la gobernación suscribía un contrato de colaboración empresarial. Una Unión Temporal.

5. En una fiducia de “giro y pago” la gobernación colocaba los dineros de los beneficiarios, igualmente escogida a dedo por el constructor seleccionado y ahora cómplice de Raúl Flórez y sus secuaces. Bajo la figura de la Unión Temporal, el constructor tenían pleno manejo: él se gira los recursos cuándo y cómo lo deseara.

6. No había pólizas o garantía alguna que amparara la mala ejecución de los recursos. Si las había eran falsas.

7. A luz de tamañas irregularidades, algunos funcionarios sabían de las consecuencias que en términos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal traería ese tumbado. Pero jamás denunciaron. También estaban “untados”.

Lo que hicieron fue agregar un otro si al contrato, atribuyendo la responsabilidad exclusivamente al constructor. Es decir al otro cómplice del gobernador y su banda. Pensaban que así liberarían a la gobernación de cualquier responsabilidad contractual.

Craso error, porque cuando la solidaridad la establece la Ley, los pactos privados en contrario son inexistentes. Es más: ese otro sí, se constituyó más bien en la prueba del dolo en el manejo de los recursos públicos.

8. Finalmente la Gobernación declaraba la caducidad, en algunos casos, para el constructor. Es decir, la misma gobernación se autocaducaba los contratos. La valió huevo a don Raúl Flórez que al firmar un contrato de colaboración empresarial, por disposición de la Ley la gobernación quedaba cobijada bajo la misma responsabilidad.

El tumbe de los dineros públicos estaba consumado. El constructor se autogiraba hasta el último peso. Luego se repartían el botín con el gobernador, quien a su vez le daba su parte al resto del cartel. Y todos felices. Menos el pueblo.

De esta manera centenares de familias como las del proyecto Luna Roja, vieron volar la plática a las cuentas bancarias de los corruptos. Cerca de 44 convenios por valor de 146 mil millones de pesos quedaron prácticamente en el aire. No había interventorías, estudios técnicos, lotes y, obviamente, mucho menos recursos para ejecutarlos.

Los bandidos saqueadores de lo público, sinvergüenzas que en tropelía asaltaron el erario, habían dado el golpe. Cero les importó que el fabuloso botín que se llevaron y los sacó de pobres, les haya manchado para siempre el nombre y el alma con tinta negra indeleble.

No obstante, en medio de tanta asquerosidad, la gente tiene hoy día total confianza en los proyectos de vivienda social que impulsa el gobernador Marco Tulio Ruiz Riaño. Yo también. Creo en la transparencia irreprochable de un mandatario que le ha devuelto la confianza de la gente a las instituciones públicas. Por lo menos a la gobernación.

Recién se lanzó públicamente La Decisión, un ambicioso plan de 700 apartamentos en Yopal, de inmejorable ubicación sobre la entrada a la capital y con todas las comodidades y beneficios en amplitud, servicios públicos, zonas verdes, seguridad y confort. El proyecto está soportado económicamente por la gobernación, la alcaldía y los beneficiarios. Estos, al final de cuentas financieras, tendrán que aportar 40 millones de pesos. Repito: confió en que las familias que salgan beneficiadas van a tomar una buena decisión. Digo yo.

**Periodista – Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública Pontificia Universidad Javeriana