Por Álvaro Hernán Puentes Suárez*

Con solo insinuar esa posibilidad el país se polarizaría y el debate ocuparía todos los medios de comunicación. Pero esa es la realidad aunque no nos guste; Las Farc son un movimiento político, el proceso de paz es una negociación política y los dirigentes de esa organización serán los nuevos actores políticos en el inmediato futuro, porque al fin y al cabo esa es la finalidad última del proceso: que la guerrilla promueva la implementación de su modelo político y económico a través de las urnas en vez de las armas.

Si se quiere lograr la paz los Colombianos tenemos que despojarnos de tanto paradigma y prejuicio alimentado durante décadas de desinformación y por su parte gobierno y guerrilla abandonar sus discursos extremos, en los que la culpa de todas las desgracias del país se le achaca a la contraparte sin aceptar nunca responsabilidad propia. La guerrilla deberá dejar de justificar todos sus crímenes como actos defensivos frente a la persecución estatal y los sectores de la otra extrema abandonar la tesis de que la culpa de la violencia en Colombia solo la explica el proyecto marxista – Leninista de la lucha de clases.

Las Farc tienen que aceptar que incurrieron en graves errores que los pusieron en evidencia frente al mundo, como: financiar la guerra con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, amparados en la teoría de que los costos de la guerra los deben pagar los ricos y que el fin justifica los medios; reclutar menores, realizar actos terroristas, usar armas no convencionales con las cuales causaron innumerables violaciones del DIH, implantar minas quiebra patas y cometer toda suerte de vejámenes, maltratos y delitos violatorios de las normas de la guerra y algunos de ellos de lesa humanidad.

El gobierno por su parte debe entender que tiene una alta cuota de responsabilidad en varios asuntos: su permisividad frente a la violencia originada en la lucha por la propiedad de la tierra; la promoción de los grupos paramilitares; su participación por acción u omisión en el exterminio de la UP; violación de los derechos humanos; falta de garantías a sindicalistas y defensores de derechos humanos y, por sobre todo, su incapacidad para implementar un modelo económico que contenga la voracidad del empresario e impida los altos índices de inequidad y desigualdad que a la postre son el caldo de cultivo de todo tipo de violencia.

Los colombianos también tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad en esta violencia secular que es mucho más vieja que las Farc y que no se puede explicar sino por la concurrencia de multiplicidad de factores que nos han puesto en los primeros lugares del escalafón de sociedades violentas e intolerantes, pero a su vez flexibles y complacientes con el narcotráfico, la corrupción y otras expresiones del delito.

Y tenemos que ir haciéndonos a la idea de tener en el congreso a algunos dirigentes de la las Farc y también a la idea que para que ello ocurra tenemos que asumir, además de los costos sociales, políticos y económicos el costo sacrificar alguna parte de la justicia. El marco jurídico para la paz no es otra cosa que la cuota de impunidad que hay que pagar para que el supremo derecho de a vivir en paz sea realidad. No hay que asustarse con ello. Se trata simplemente de que la guerrilla a través de sus dirigentes acepte los crímenes en su condición de máximos responsables; que en la mesa de negociación acuerden las penas -así ellas sean alternativas- y que se produzca el reconocimiento y reparación de las víctimas.

Tampoco hay que llamarse a engaños ni crear dudas con la intervención de la Justicia penal internacional. Su competencia, que es subsidiaria, no tendría aplicación si en el curso de un proceso de paz los máximos responsables de los crímenes cometidos en la guerra ACEPTAN SUS CRIMENES, ACUERDAN LAS PENAS Y REPARAN A SUS VICTIMAS. No es necesario el agotamiento un juicio criminal para que se entienda que el país ha aplicado justicia.

Aquí nadie está exento de culpa y a todos nos incumbe aportar lo que sea necesario para que algún día cambiemos la historia violenta de este país. De tal manera que el ejercicio mental que tenemos que hacer los Colombianos es entender que tenemos que prepararnos para un nuevo modelo político en el que quepamos todos; en el que haya plenitud de garantías a la oposición y que aprendamos a convivir respetando la compleja diversidad de este país, que a pesar de tanta adversidad sonríe y se dice el más feliz de todos.

*Abogado