Por Nohora Tovar Rey *

Cuando el país sigue asombrado e impotente por el exceso de garantías y beneficios que desde ya han obtenido las Farc, el señor Juan Manuel Santos alista otro golpe a la moral de los ciudadanos de bien: La excarcelación de casi 20 mil personas procesadas por graves delitos penales en Colombia.

La ley 1760 de 2015, fue una iniciativa del Gobierno nacional que en cabeza del entonces Ministro de Justicia y hoy aspirante a Fiscal General de la Nación Yesid Reyes y, modificó el código penal en lo que tiene que ver con medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Entre lo que contiene esta norma, se encuentra la absurda medida de excarcelar a miles de personas (19.167) que hoy están en medio de un proceso judicial por graves delitos como el concierto para delinquir, secuestro violencia sexual entre otros, bajo el argumento del Gobierno, de resolver de alguna manera la crisis de hacinamiento carcelario que en Colombia alcanza el 52%.

Mientras en Colombia la población alcanza casi los 49 millones de habitantes y el delito sigue subiendo conforme a la población, el Gobierno Santos manifestó la decisión de NO construir más cárceles en Colombia pero, los centros carcelarios son una necesidad de todas las sociedades, en todas partes del mundo existe el delito y desde la antigüedad hasta hoy la cárcel es el último método de sanción a quien viola la ley, no podemos tener miedo de decirlo.

¿Me dirán que es necesario educar para no castigar? Yo también lo creo, y tengo mi fe en que ese es el futuro, pero la realidad de Colombia muestra que por cada 10 homicidios que se cometen, solo uno es castigado y eso va a generar mucha más violencia.

Colombia es el tercer país en el índice global de impunidad después de Filipinas y México, extrañamente el Gobierno nacional, decide tomar una medida tan grave como esta y, es impulsar la excarcelación masiva de procesados por no tener la capacidad institucional de frenar la crisis carcelaria. Un mal menor no se puede resolver con uno mayor. La crisis carcelaria no se resuelve premiando a quienes han dañado a la sociedad.

Por el contrario, los esfuerzos tendrían que ir dirigidos a optimizar a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales en las regiones, a implementar nuevas fórmulas de investigación, más capacidad humana y tecnológica, contratación de personas que sean necesarias para frenar la impunidad real y no para perseguir a opositores del Gobierno. Con lo que costó el avión del Exfiscal Montealegre y los contratos a sus amistades cuantas fiscalías de las regiones no se hubieran fortalecido.

Por ahora sigue reinando la lentitud en los procesos y si el Congreso no frena la absurda medida implementada por el Gobierno, al 7 de Julio de 2017 estarán en las calles más de 19 mil procesados por delitos tan graves como la violencia sexual. La primera parte de muchos de ellos verán la libertad el próximo 7 de Junio. Este Congreso no puede fallarle al país y al respeto de las víctimas de una manera tan infame. Tenemos que actuar inmediatamente.

* Senadora de la República