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Habemus regalías: la reforma es una realidad

 Por Juan Carlos Niño Niño*

La conciliación de regalías se aprobó esta semana sin contratiempos en las Plenarias de Cámara y Senado, a excepción de la oposición del Representante de Alianza Verde Inti Raúl Asprilla a que esta conciliación se discutiera primero que el debate de control político de la oposición sobre el ESMAD, argumentando que este debate era más importante porque es un derecho fundamental constitucional, lo que significaba que la conciliación quedaba sujeta a la terminación del extenso debate, cuando a esas alturas no se contaría con el quórum necesario para aprobarla, teniendo en cuenta que efectivamente el debate terminó  a las ‪once de la noche.

Una oportuna intervención de los Representantes del Centro Democrático Jairo Cristancho y José Vicente Carreño, quienes pidieron votar primero la conciliación en solidaridad con los departamentos y municipios productores, más el reconocimiento público de la legisladora verde Juanita Goebertus, en el sentido de que el día anterior las bancadas acordaron votar primero la conciliación, logró que Asprilla finalmente cediera a modificar el orden del día, aunque nadie se explica por qué el legislador y además ponente de este proyecto de regalías, insistiera tanto en no dejar que la conciliación se discutiera primero, cuando la aprobación de una conciliación generalmente no demora más de  media  hora, lo que en nada ponía en riesgo el mencionado debate de control político.

La participación de los productores

La unificación de los textos de Cámara y Senado arrojó un 20 por ciento para los departamentos productores, más un cinco por ciento adicional para los municipios productores de la bolsa total del Sistema General de Regalías (SGR), lo que significa que pasamos de un 9,9 por ciento a un 25 por ciento, más una participación para los entes productores del 20 por ciento del crecimiento registrado de un presupuesto bienal de regalías con respecto al anterior; restándole ahora a la iniciativa legislativa la respectiva promulgación del Presidente Iván Duque, siendo esta la oportunidad para aclarar que este es un proyecto de acto legislativo o proyecto de reforma constitucional y no como muchos creen que es un proyecto de ley o la modificación de una ley ordinaria, por lo que es pertinente aclarar que los proyectos de actos legislativos no se sancionan sino que se promulgan, porque el término “pasó a sanción presidencial” solo se utiliza para los proyectos de ley. 

La iniciativa legislativa incluye además 15 por ciento para los municipios más pobres, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población; 34 por ciento de inversión regional de las entidades territoriales; 1 por ciento para la conservación de áreas ambientales y lucha contra la deforestación; 10 por ciento para inversión, ciencia y tecnología; 2 por ciento para funcionamiento; y 1 por ciento para sistema de seguimientos, evaluación y control.

A quien se debe la reforma?

Un sinnúmero de amigos casanareños y araucanos me han llamado intrigados a preguntarme a quien se debe realmente esta reforma, y no he dudado un solo segundo en responderles que este ha sido uno de los acuerdos políticos más importantes del Congreso en los últimos años, en donde la piedra angular fue el proyecto de acto legislativo gubernamental, que ha sido suscrito además por congresistas del Centro Democrático y la mayoría de bancadas del Congreso, en donde Duque ha demostrado que estaba hablando en serio durante la campaña presidencial.

Y otro proyecto acumulado del Representante de la Alianza Verde César Ortiz Zorro, que ha sido de alguna manera complementario a las líneas gruesas del Gobierno, y que en nada desdice, cuestiona o desmerita el trabajo del legislador casanareño, sino que revela que el hilo conductor lo tuvo sin duda el proyecto del primer mandatario, más cuando la iniciativa verde se ha visto empañadas con actitudes respetables pero preocupantes como la del Representante Inti Raul Asprilla de negarse inicialmente a votar la conciliación antes del debate al ESMAD, o como la del Senador Senador Verde Jorge Eduardo Londoño de pedir en la Plenaria del Senado que se aplazara la discusión del proyecto, argumentado que lo desconocía por completo, lo que vendría a confirmar el rumor en los pasillos del Congreso, que al interior de esa colectividad nunca se contó con un consenso total para sacar adelante la iniciativa.

Un ejercicio para demostrar lo anterior, es comparar el articulado del proyecto del Gobierno con el proyecto de Zorro, para constatar que efectivamente los porcentajes provienen del acuerdo entre el Ejecutivo y las bancadas (no el de zorro), que inició entre un 30 y 50 por ciento, y que finalmente quedó el 20 por ciento para departamentos productores, y un 5 por ciento adicional para municipios productores, sin desconocer ni más faltaba que el proyecto de los verdes ha contribuido a la dinámica de la discusión y aprobación de la iniciativa en primera y segunda vuelta.

Escepticismo en las regiones productoras?

No deja de ser preocupante pero entendible el constante escepticismo en Casanare y otros Departamentos productores a esta reforma, en donde a lo largo de la discusión casi nadie creía que finalmente se aprobara, y aun con la aprobación no han sido escasas las voces que cuestionan el porcentaje de esta reforma, argumentando que el compromiso inicial de Duque era devolver la mitad de las regalías, sin querer aceptar que aun con la buena intención del Primer Mandatario, los congresistas de los departamentos no productores se pararon en  la raya y solo cedieron a dejar a los productores alrededor de un 25 por ciento, al asegurar que sólo este porcentaje les garantizaba que no se les va a disminuir sus ingresos, entre otros aspectos porque el incremento a los productores se basaba en los excedentes o superávit de los Fondos y la disminución de los gastos de funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR).

Se acerca otra reforma

Es necesario entonces aclarar que esta reforma a la regalías, es solo el inicio de un proceso en la recuperación del más 80 por ciento de los recursos, que nos arrebató de manera inmisericorde la reforma de Santos, como lo ha venido proponiendo el Representante de Arauca José Vicente Carreño, quien el día de la aprobación de la conciliación en la Plenaria, anunció que el año entrante -con el respaldo del Representante Jairo Cristancho- radicará un proyecto de acto legislativo para que la participación sea entre el 21 y el 50 por ciento para los departamentos productores, y entre un 6 y 10 por ciento adicional para los municipios productores, cuando la producción esté entre los 400 y 600 mil barriles diarios, y el precio internacional del crudo oscile entre los 80 y 120 dólares el barril.

El agosto entraría a regir la reforma

La reforma a las regalías que finalmente fue aprobada esta semana en el Congreso y que está pendiente de la promulgación del Presidente Duque, entrará a regir cuando el Congreso discuta y apruebe un proyecto de ley reglamentario, que debe presentarlo a más tardar el 20 de marzo de 2020, teniendo el legislativo plazo máximo para aprobarlo hasta el 20 de agosto de 2020, siendo un tiempo suficiente para ponernos de acuerdo en la redefinición de los Fondos y la eliminación de los OCAD para las asignaciones o regalías directas de los departamentos y municipios productores, como también lo ha venido proponiendo el Representante José Vicente Carreño.

Coletilla: Es acertada la anotación del contitucionalista casanareño Pedro Nel Pinzón, en el sentido de que esta reforma fue posible además por la constante oposición de las comunidades en las zonas en donde se adelanta la exploración y explotación, al constatar que la inversión social y la generación de empleo era mínima por parte de las compañías -como lo ha venido advirtiendo el Representante Cristancho- lo que conllevó a un reconocimiento nacional sobre el injusto recorte de la reforma de Santos, y la necesidad de que se avanzara en una reforma que incrementara de manera sustancial las regalías de los mencionados entes productores.

Pero insisto: es solo el comienzo...

 *Especialista “Gobierno y gestión pública territoriales”, Pontificia Universidad Javeriana.



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