Por: Ricardo Ávila – portafolio.co

Desde mediados de la década pasada, cuando el país producía algo más de 500 mil barriles de petróleo al día, Colombia comenzó un largo periodo de incrementos continuos en esta materia.

Aparte de haber llegado a un máximo histórico de 962.000 barriles diarios en promedio durante noviembre del 2011, lo usual es que cada mes se superara el nivel registrado en el mismo periodo del año precedente.

Sin embargo, dicha seguidilla se rompió por primera vez en más de un lustro en junio pasado.

El dato de 934.000 barriles diarios fue inferior en 0,6 por ciento al de 12 meses atrás, lo cual no solo hace pensar que la simbólica meta del millón de barriles ha vuelto a posponerse, sino que empieza a darse una contracción inquietante.

No está de más recordar que las exportaciones de hidrocarburos representan más de la mitad de las ventas externas del país, con 13.351 millones de dólares facturados entre enero y mayo.

Además, las empresas del sector son las principales aportantes a los recaudos por impuesto de renta y constituyen la primera fuente de las regalías.

Tan solo Ecopetrol genera cerca del 15 por ciento de los ingresos fiscales, entre tributos y dividendos.

Por tales razones, vale la pena examinar qué pasa en una locomotora que, de hecho, ha aminorado su ritmo.

Aunque son pocos los que quieren hablar en voz alta de la situación, las explicaciones son tres.

La primera es el sensible aumento de los ataques terroristas en contra de oleoductos y poliductos. Si en todo el 2011 se presentaron 71 atentados, que obligaron a detener el bombeo, en lo que va del año la cuenta es de 72, lo cual representa un alza cercana al 100 por ciento.

Tanto el oleoducto Caño Limón-Coveñas, como el Transandino y sus ramales, en Putumayo y Nariño, han sido dinamitados con particular intensidad.

A lo anterior hay que agregar los hostigamientos y bombardeos en contra de instalaciones petroleras, así como de camiones que transportan el crudo.

También el saldo de muertes y secuestros en la industria ha subido con fuerza, como lo demostró el asesinato de un contratista del Oleoducto Bicentenario ocurrido en Arauca hace pocos días.

No menos preocupante es que los bloqueos por parte de las comunidades siguen disparados.

En algunos casos, los pobladores reclaman obras en zonas olvidadas por el Estado.

En otros, hay exigencias sobre la contratación de mano de obra local, mientras que el deterioro de rutas secundarias ante el paso de tractomulas, que llevan equipos o petróleo, es motivo de constantes quejas.

Sin entrar en la discusión sobre la pertinencia de éstas, más de un alcalde –sobre todo en Casanare y Meta– ha propiciado el uso de las vías de hecho.

El tercer factor que pesa en lo sucedido es el otorgamiento de las licencias ambientales.

Si bien el Gobierno insiste en que el atraso que tuvo lugar a finales del año pasado se superó, los conocedores señalan que el promedio para la aprobación de un permiso se duplicó hasta casi 12 meses, y que es más demorada una solicitud de modificación a una licencia expedida que a una nueva.

En general, no hay una estandarización en los requisitos, lo cual hace que se vean retrasos difíciles de entender que inciden en bajas en la extracción de crudo.

La conjunción de los elementos mencionados es aún más preocupante cuando se concluye que el país ha perdido competitividad en materia petrolera. Aparte de que la seguridad ha vuelto a aparecer en el radar y los líos con las comunidades son un dolor de cabeza, la tramitomanía hace que la entrada en operación de los proyectos se demore, ante lo cual hay menos inversionistas dispuestos a venir al país que antes.

Eso, por ahora, no se nota en las cifras, pero a la vuelta de unos años pueden presentarse problemas mucho más serios que los de incumplir las metas de producción en un mes determinado.