Por: Oscar Medina Gómez **

Al igual que millones de colombianos, jamás pensé que viviría para ver lo que vi: bajo amenazas con palos y machetes nuestros soldados expulsados violentamente a patadas por la comunidad indígena Nazca de Toribio, Cauca. Su delito: salvaguardar la vida, honra y bienes precisamente de esos indígenas que durante décadas han sido azotados por los terroristas de las FARC en ese departamento. Ni en la horrible noche de la época del Caguan cuando el presidente Pastrana le entregó a esos terroristas 45 mil kilómetros cuadrados para que despedazaran ese territorio a punta de asesinatos, secuestros, boleteo y tráfico de drogas, he sentido tanta rabia y dolor de patria.

“Esta humillación no se le hace a un colombiano de bien…” dijo llorando de indignación y bronca infinita el sargento García, cuando junto con 70 soldados del Batallón de Alta montaña, fue obligado a la fuerza por decenas de indígenas -comandados por Marcos Yule, gobernador indígena de Toribio- a desalojar el Cerro Las Torres, donde cuidaban la infraestructura de comunicaciones y el orden público de esa zona de ataques terroristas. No solo las trincheras, equipos, pertrechos militares y víveres de esos valerosos soldados rodaron por la montaña. Fue el honor mancillado de millones de colombianos representados en esos valientes, el que envilecido rodó por ese cerro.

En otras circunstancias similares los soldados hubieran abierto fuego. No lo hicieron. Soportaron con estoicismo, entereza, serenidad imperturbable y respeto por la vida de sus hermanos indígenas la tremenda agresión. Mordieron de rabia sus labios y congelaron su dedo para no apretar el gatillo de sus fusiles. Eso los convierte en héroes.

Además de los graves delitos en que incurrieron los indígenas caucanos -la justicia los debe judicializar y poner presos. Lo grave y preocupante aquí es que esos personajes se creen un Estado dentro del Estado. Recordemos hace apenas unos meses el caso de Francisco Rojas Birry, indígena Embera ex congresista y ex personero de Bogotá. Este hombre durante varios días se escondió en su lujosa casa del norte de la capital del país -protegido por su guardia indígena- para que la fiscalía no le echara mano y lo metiera a la cárcel. Para evadir olímpicamente la mano de la justicia ordinaria, a la que nos debemos someter todos cuan do cometemos un delito. Rojas Birry se enriqueció ilícitamente con más de 200 millones de pesos que recibió de la pirámide DMG de David Murcia Guzmán y fue condenado a 8 años de cárcel. Pero, en su “malicia indígena” pretendía que sus pares le dieran unos cuantos latigazos en el culo. Y listo. Con eso pagaba su corruptela.

Acomodando la Constitución a su antojo e intereses, las comunidades indígenas manosean y pisotean como les da la gana lo que los juristas llaman el Estado Social de Derecho, espíritu esencial de nuestra ultrajada democracia que fija los deberes y derechos de los ciudadanos. Se amparan en la autonomía y autoridad territorial que les otorga la Carta dentro de sus comarcas, desconociendo descarada y cínicamente que la ley es para todos. Se les olvida que no pueden existir en la geografía nacional repúblicas independientes. Que nuestro ejército y la policía tienen la obligación de poner el orden y cuidar cada centímetro de país, así esté habitado por indios, negros, blancos, mestizos, zambos y cuantos más existen. Y, claro, por terroristas de las FARC, ELN, narcotraficantes, delincuencia común, BACRIM y cuantas alimañas existen.

Y Santos, nuestro débil y opaco presidente, ni siquiera es capaz de fijar posiciones reales de autoridad. Fue al Cauca envalentonado a encabezar un Consejo de ministros y los indígenas lo abuchearon a reventar. Lo sacaron corriendo -como perro con sarna- sin dejarlo siquiera hablar.

Es cierto que los sucesivos gobiernos tienen una deuda histórica. Los indígenas caucanos -lo mismo que otras comunidades a lo largo y ancho de la patria- centenariamente han padecido el abandono estatal. No tienen vías de comunicación, escuelas, colegios, centros de salud, fuentes de empleo. Viven en el subdesarrollo, casi en el Medioevo. Eso es innegable. Pero primero tienen que someterse al imperio de la ley. Luego sí, pacífica y civilizadamente, conversar, ponerse de acuerdo con las autoridades y caminar caminos de progreso.

A mí no me cabe la menor duda que los indígenas caucanos -que tanto alegan independencia- están permeados, infiltrados por los narco guerrilleros farianos. Eso se ve fácilmente en cada declaración y forma de actuar de muchos de sus dirigentes. Mejor dicho: juegan a la doble. Con cara y con sello siempre ganan. Por eso, tanto el presidente Santos como los indígenas caucanos, son igualmente responsables de ese caos institucional del departamento. El primero por no actuar como un Jefe de Estado. Los segundos por aviones ventajosos.

A manera de cuento de horror uno diría: erase una vez un presidente llamado Juan Manuel Santos Calderón a quien el orden público de Colombia le quedó grande. Un hombre que traicionó no solo el legado de seguridad democrática dejado por su tutor político -Álvaro Uribe Vélez- sino los postulados que le vendió a millones de compatriotas, quienes le creímos y lo elevamos a tan alta dignidad. Un individuo que en su mandato vio nacer la República Independiente del Cauca -igualita a la del Caguan- donde no solo las FARC derribaban aviones militares Supertucano, sino que los indígenas no dejaban entrar a los soldados de la patria. Un personaje que en apenas 2 años de gobierno permitió que los terroristas de las FARC y el ELN atacaran a sangre y fuego más de 221 veces municipios y pueblos, con decenas de civiles, soldados y policías muertos. Un individuo que -igualándose a ellos- negociaba con los “honorables” congresistas corruptas reformas a la justicia. Erase una vez un presidente a quien por mentiroso, faltón, pusilánime y carente de mando y autoridad los colombianos lo castigamos negándole la reelección. Digo Yo.

**Periodista - Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública Pontificia Universidad Javeriana