Por Alejandro Ospina*

El anuncio del presidente Petro y del Ministerio de Minas y Energías sobre la posible asociación entre Ecopetrol y la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) es preocupante.

Conviene recordar que Ecopetrol es una empresa mixta, mayoritariamente del Estado colombiano, que cotiza una fracción de sus acciones en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) y en la de Nueva York (NYSE). Por otra parte, la estatal venezolana es una empresa petrolera que era próspera hasta que los regímenes de Chávez y Maduro le hicieron muchísimo daño.

Después de este anuncio y de los reclamos de algunos sectores de la sociedad colombiana, el gobierno ratificó su decisión y aclaró que no se trata de invertir en exploración petrolera en Venezuela sino de facilitar la transición a nuevas fuentes de energía. El ministro de Minas corroboró esta información y añadió que quieren unir esfuerzos para desarrollar proyectos de energía solar y eólica y de producción de hidrógeno.

A mediados de la semana pasada, Ecopetrol publicó las instrucciones de la Junta Directiva, controlada por el gobierno, para avanzar en la reactivación del contrato de intercambio de gas suscrito con PDVSA GAS en 2007, mediante el cual se estaría dando comienzo a esta nueva asociación. La empresa informó además que seguiría adelantando las negociaciones, aprovechando para ello el margen de seis meses que las autoridades estadounidenses han concedido en relación con las sanciones al régimen venezolano.

Pero en la realidad la producción venezolana apenas supera los setecientos mil barriles por día. Esto demuestra la incapacidad técnica de quienes la dirigen y es consecuencia de la corrupción, de modo que PDVSA no es un aliado de buen nombre.

Pero ni la propuesta inicial, ni sus aclaraciones posteriores, dan tranquilidad por las implicaciones geopolíticas que puede conllevar la iniciativa en mención.

Los riesgos

Comencemos por el contrasentido de la propuesta de Petro. Mientras el mundo no tenga fuentes energéticas alternativas y económicamente viables para satisfacer la demanda global, debemos persistir en la búsqueda de reservas. Pero es ilógico desincentivar la exploración en Colombia y al mismo tiempo trasladar las inversiones a Venezuela.

Sigamos por los riesgos económicos, reputacionales y legales que para Colombia implicaría esta propuesta.

En primer lugar, importa recordar que PDVSA producía más de tres millones de barriles de petróleo por día y su proyección era alcanzar los ocho millones en la siguiente década. Pero en la realidad la producción venezolana apenas supera los setecientos mil barriles por día. Esto demuestra la incapacidad técnica de quienes la dirigen y es consecuencia de la corrupción, de modo que PDVSA no es un aliado de buen nombre.

En Venezuela se han perdido 20.000 empleos petroleros y las inversiones de la industria han disminuido en más del 30 %, lo cual implica menor demanda de bienes y servicios locales y, en el mediano plazo, mayor riesgo de pérdidas para el fisco. Esto a su vez agravaría el déficit externo haría aún más riesgosa la inversión de Ecopetrol en Venezuela.

Una cosa es que Ecopetrol considere la posibilidad de expandirse hacia el territorio venezolano en su proceso de crecimiento, y otra distinta es ignorar las realidades políticas que han llevado a la ruina a ese país.

Además, el antecedente del contrato entre PDVSA GAS y Ecopetrol para los intercambios de gas no es un buen ejemplo; es un precedente adverso porque Colombia cumplió y aún excedió sus compromisos, mientras que PDVSA los incumplió de manera repetida. Esta de hecho fue una de las causas del congelamiento de las relaciones comerciales bajo gobiernos anteriores, con el cierre consiguiente de las fronteras y la expulsión humillante de miles de colombianos.

 El absurdo de las nuevas energías

Y si se trata de que Ecopetrol traslade sus inversiones al vecino país desarrollar energías alternativas —como afirma el gobierno—, el asunto podría ser peor.

Es todo un desacierto dilapidar los recursos de la petrolera colombiana en actividades que no tienen la misma rentabilidad que la exploración y desarrollo de hidrocarburos, y el desacierto sería más grave si se hace en Venezuela.

Recordemos que hoy por hoy los proyectos de energía solar, eólica y de hidrógeno son costosos y poco eficientes, tal como sucedía con la telefonía celular hace treinta años. Además, la energía eléctrica no tiene la misma trazabilidad del crudo o el gas en el mercado mundial, y en este tipo de proyectos el valor no radica en el sol, el viento o el agua, sino en la tecnología utilizada para aprovechar esos recursos.

Los proyectos de energías alternativas en Venezuela tendrían un beneficio marginal y causarían la debacle de una empresa como Ecopetrol, pues ni Venezuela ni Colombia son productoras de dicha tecnología.

Un contagio para Colombia y la región

Aún si la circunstancias técnicas y financieras ofrecieran un beneficio real para Colombia, la asociación implicaría un alto riesgo de contagio para Ecopetrol y posibles sanciones internacionales, que pondrían en peligro el patrimonio de los colombianos y el de las personas naturales y jurídicas que han invertido en nuestra empresa —incluso considerando la ventana de seis meses otorgada por el gobierno de Estados Unidos en el marco de las negociaciones entre el régimen y la oposición de Venezuela—.

Es todo un desacierto dilapidar los recursos de la petrolera colombiana en actividades que no tienen la misma rentabilidad que la exploración y desarrollo de hidrocarburos, y el desacierto sería más grave si se hace en Venezuela.

Por otra parte, PDVSA enfrenta una crítica situación jurídica debido a sus actividades y vínculos con personas y organizaciones en el mundo: ha sido relacionada con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción pública y privada, por lo cual ha sido incluida en la lista de la RDSI y otras listas de sanciones administradas por la OFAC.

A todo esto se le suman la guerra de Ucrania y la lección aprendida por los países europeos: depender de un solo proveedor, como Rusia, constituye un gran riesgo para la soberanía energética de un país.

Sería necio que Colombia pusiera en riesgo inversiones cuantiosas en la recuperación de la infraestructura de transporte para reactivar el Gasoducto Mariscal Sucre, y probablemente para hacer viables las fuentes de suministro y puesta en especificación del gas venezolano. Además, sería mucho más grave subordinar la seguridad energética nacional a las presiones ideológicas que el régimen de Caracas ha venido ejerciendo en los últimos años.

El riesgo para Colombia de expandir la influencia del régimen venezolano no es menor.

Por todo eso la alianza propuesta por el gobierno del presidente Petro puede tener serias consecuencias, no solo para el futuro de Colombia, sino para el de la región.

 *Ingeniero de Petróleos, magister en Gestión de la Industria de los Hidrocarburos, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC) Seccional Hidrocarburos.