Por Juan Camilo Reyes Marfoi. 

A las puertas de una segunda vuelta de elección presidencial, el país vuelve a hundirse literalmente ‘HUNDIRSE’ en un ambiente de tensión, polarización y enfrentamiento. Las redes sociales son convertidas en trincheras digitales, los debates terminan en insultos y las diferencias políticas parecen convertirse en enemistades irreconciliables. Más que una disputa de ideas, muchas veces observamos una lucha entre bandos que se consideran dueños absolutos de la verdad, y siendo honestos, hasta las mismas familias terminan disgustadas.

Lo preocupante es que esta situación no es nueva. La historia colombiana puede leerse como una sucesión de conflictos entre sectores políticos que han encontrado más facilidad para excluir al adversario que para dialogar con él. Conservadores y liberales, izquierda y derecha, campo y ciudad, élites y sectores populares. Cambian los nombres de los actores, pero permanece una misma dificultad, construir acuerdos colectivos desde el dialogo alrededor de los problemas fundamentales del país.

Si bien es cierto, el problema no está únicamente en los partidos políticos o en quienes ocupan los cargos de poder. También existe una dimensión cultural que pocas veces nos atrevemos a reconocer. A los colombianos nos gustan los extremos. Nos cuesta permanecer en el centro de los debates, escuchar argumentos distintos o aceptar que una persona pueda pensar diferente sin convertirse automáticamente en un enemigo. Con frecuencia transformamos la política en una especie de competencia emocional donde se defiende un candidato como si se tratara de un equipo de fútbol.

Solo una parte de la población se toma el tiempo de leer programas de gobierno, contrastar propuestas o analizar las implicaciones de cada proyecto político. Muchos votan por tradición familiar, por simpatía, por rechazo al candidato contrario o por la sensación de pertenecer a un grupo. Otros simplemente siguen la corriente dominante para no sentirse excluidos de su entorno social. En medio de esa dinámica, las propuestas pasan a un segundo plano y las emociones terminan ocupando el lugar de los argumentos.

Lo más inquietante es que este fenómeno alimenta formas de fanatismo que deberían preocuparnos seriamente. Hay ciudadanos que reaccionan con verdadera indignación cuando alguien cuestiona al dirigente político con el que se identifican. La diferencia de opinión deja de entenderse como algo normal en una democracia y comienza a interpretarse como una agresión personal. Las redes sociales ofrecen ejemplos diarios de insultos, ataques y discursos cargados de odio. Lo grave es que Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de esa intolerancia. Somos expertos en violentologia y aun así no aprendemos (académicamente y científicamente hablando). 

Nuestra historia demuestra que las diferencias políticas no siempre se han resuelto mediante el diálogo. En distintos momentos, las palabras dieron paso a la violencia. Lo aterrador es que esa posibilidad nunca desaparece por completo. En muchos sentidos, nuestra relación con la democracia parece recordar el mito de Sísifo; avanzamos hacia la reconciliación, el diálogo y la construcción de acuerdos, pero una y otra vez terminamos empujando la misma roca de la polarización, la intolerancia y la violencia política. Creemos haber aprendido de nuestra historia, pero con frecuencia volvemos al mismo punto de partida. Cambian los candidatos, cambian los partidos y cambian los discursos, pero persiste la dificultad de aceptar que el otro puede pensar distinto sin convertirse por ello en un enemigo.

Cuando una sociedad llega al punto de justificar agresiones, amenazas o incluso la muerte de alguien por pensar distinto, el problema deja de ser electoral y se convierte en un patrón de crisis cultural, ética, moral y democrática. Que una persona pueda ser odiada simplemente por apoyar a un candidato diferente debería producirnos vergüenza y preocupación como sociedad. SEA DEL PARTIDO QUE SEA. 

En teoría, la democracia fue concebida como un sistema donde las diferencias pueden tramitarse mediante el debate, la participación y las instituciones. En su defecto aumenta los conflictos y disminuye el respeto por las diferencias. Se nos enseña en las aulas que la democracia consiste en elegir representantes, pero pocas veces se discute quiénes tienen realmente la capacidad de influir en las decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas. 

Entonces, ¿Qué tan democrática es nuestra sociedad ‘democrática’ donde amplios sectores de la población sienten que sus necesidades siguen sin ser escuchadas? ¿Qué tan democrático es un sistema donde las decisiones económicas más importantes parecen responder o favorecer con frecuencia a intereses particulares antes que al bienestar colectivo?

La democracia no debería medirse únicamente por la existencia de elecciones. También debería evaluarse por la capacidad de las personas para acceder a una educación de calidad, a oportunidades laborales dignas, a servicios públicos eficientes y a mecanismos reales de participación ciudadana. Una democracia donde la desigualdad limita las posibilidades de millones de ciudadanos es una democracia que enfrenta contradicciones inverosímiles.

Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en quién gana o pierde una elección. El verdadero debate consiste en preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. Una democracia robusta no se fortalece cuando un sector derrota a otro. Se fortalece cuando las instituciones son capaces de garantizar derechos, promover el diálogo y generar confianza entre ciudadanos que piensan diferente.

La polarización actual refleja algo más interno que una simple disputa electoral. Refleja el desencanto de muchos ciudadanos frente a promesas que durante décadas parecieron repetirse sin traducirse en hechos concretos. Cada campaña ofrece soluciones, cada gobierno promete cambios y cada generación deposita nuevas expectativas en los líderes políticos. A pesar de todo esto, gran parte de los problemas estructurales siguen permaneciendo; desigualdad, corrupción, exclusión territorial, violencia y falta de oportunidades.

Quizás por eso cada vez más personas sienten que la democracia ‘prometida’ sigue siendo una tarea pendiente. No porque las instituciones no existan, sino porque la experiencia real de muchos ciudadanos dista considerablemente de los ideales de participación, igualdad y justicia que suelen acompañar los discursos democráticos. Esos que se inventaron en la revolución francesa los masones y que nos mantiene divididos como pueblo.

Colombia necesita menos fanatismos y más reflexión. Menos etiquetas y más argumentos. Menos miedo al contradictor y más disposición a escuchar. Ningún candidato resolverá por sí solo los problemas históricos del país. Ninguna ideología posee todas las respuestas. Ningún sector político representa por completo la diversidad de una nación tan compleja como la nuestra.

Del mismo modo, las sociedades no siempre aprenden de sus errores cuando estos son justificados o minimizados. Una experiencia negativa solo se convierte en aprendizaje cuando existe la capacidad de reconocerla críticamente. Lo que impulsa el progreso no es únicamente celebrar aquello que ‘creemos haber hecho bien’, sino comprender las consecuencias de las malas decisiones, identificar sus causas y evitar repetirlas. En ese sentido, los errores y los fracasos pueden convertirse en una fuente de aprendizaje más valiosa que los éxitos cuando son analizados con honestidad.

Tal vez lo más importante no sea decidir quién ocupará la Casa de Nariño, sino aprender a convivir con quienes votan distinto. Mientras no logremos superar esa lógica de vencedores y vencidos, y las diferencias se sigan convirtiendo en enemistades y los errores se sigan justificando, la democracia continuará siendo más una aspiración, e ilusión que una realidad, limitando racionalmente nuestra capacidad de decidir de manera autónoma y consciente por un candidato.

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