Por: Rodolfo Arango
Las protestas de los trabajadores de la industria petrolera parecen arrojar ya un muerto y varios heridos. Las demandas por mejores salarios, por condiciones más dignas de trabajo, por bienestar y salud, fueron respondidas con la intervención de la Policía. Las reivindicaciones obreras animaron a otros asalariados en la zona.

Las reivindicaciones laborales amenazan extenderse por todo el departamento del Meta. Las empresas multinacionales y los contratistas del ramo alertan sobre un aumento del paro de un tiempo para acá. No dudan en denunciar el enrarecimiento del ambiente por demandas “injustificadas” o intervenciones de personas ajenas a la región.

No deja de ser simbólico que los conflictos obrero-patronales del Meta tengan lugar en la actual coyuntura, cuando se planea la venta parcial de Ecopetrol; se cocina la aprobación final del TLC en Estados Unidos; y se anuncia un crecimiento económico del país mayor a lo esperado.

Los futuros compradores de acciones de Ecopetrol deberían tener presente que su empresa es dueña parcial de compañías petroleras (30% de Cepcolsa en Puerto Gaitán; 60% de Pacific Rubiales) que violan continuamente los derechos de sus trabajadores. Como lo han documentado la CUT o la USO y lo reporta la Escuela Nacional Sindical, los salarios que pagan las multinacionales están muy por debajo del promedio internacional. El exceso de horas de trabajo en condiciones habitacionales y de salud deplorables recuerdan el sometimiento de esclavos a formas de explotación presuntamente ya desterradas. La persecución laboral y sindical, mediante despidos masivos (más de 1.100 en Puerto Gaitán), es práctica común en los campos petroleros nacionales, donde la ausencia del Ministerio de Protección Social y de las autoridades locales es proverbial. Incluso el vicepresidente Garzón ha elevado aireada protesta ante la situación, cuando lo normal es su tono conciliatorio y amigo del diálogo.

Todavía muchos patronos confunden la sindicalización con la falta de cooperación. El presidente Obama ha tenido que venir a educar a los empresarios nacionales. Ha condicionado la entrada en vigencia del TLC a la mejora de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La democratización del país implica el reconocimiento del otro como un igual, no como alguien inferior a quien se explota, denigra y despide. A muchos empleadores les falta aún comprender que ellos también están sujetos a la Constitución y deben respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores.

Un factor adicional, generado por los anuncios gubernamentales de crecimiento económico inesperado, se suma al polvorín social. Se trata de la expectativa de personas y grupos que desean participar del “milagro económico”, en particular en los sectores minero y petrolero. Todos quieren aprovechar el cuarto de hora de la prosperidad; incluso los corruptos por medios ilícitos en obras, impuestos, servicios públicos y pensiones. La reacción ante tanta riqueza venidera era previsible.

El ánimo de lucro no es exclusivo de inversionistas y patronos con buen olfato para los negocios. El natural deseo de participar en los beneficios del progreso lo comparten legítimamente los empleados, no a título de dádiva sino como fruto de su trabajo. En esta “fiebre de progreso”, puede preverse el aumento de la conflictividad social, incluso a costa de vidas humanas. Los TLC sin Estado prometen mucha sangre, sudor y lágrimas. No en vano la preocupación, algo tardía del presidente Santos, por recuperar la ética donde por lo general priman los números, ganancias e inversiones y las alianzas estratégicas.